Josué S., exchofer de la Empresa Municipal de Asfalto y Vías (Emavías), denunció y detalló, en una declaración, cómo se organizó un consorcio desde la gerencia de esa entidad, que se extendió hasta el interior de la Fiscalía de La Paz, con el fin de encubrir a los verdaderos responsables del robo de 93 turriles de cemento asfáltico, perpetrado el 13 de mayo de 2023.

“En fecha jueves 25 de mayo de 2023, en horas de la tarde, Josué S. recibió una llamada de Mauricio B., quien le manifestó que no se escape (a Santa Cruz), que ya habría hablado con la fiscal Wendy G., que no iban a arrestarlo ni cuatro horas, y que además habló con ‘Marcelo’, secretario de la fiscal. Todo esto se había hablado con su esposa, Carolina M., quien trabaja con la fiscal Sarina G., de Trata y Tráfico”, es parte del texto que figura en la denuncia por consorcio que se abrió, derivado del robo de los turriles de cemento asfáltico.

Según la relación de hechos expuesta en el documento, Josué S. señaló como principal gestor del encubrimiento del robo de los turriles y el proceso de extorsión que sufrió, al exgerente de Emavías. Relató que desde el 15 de mayo recibió al menos cinco llamadas y asistió a tres reuniones convocadas por Mauricio B., quien dictó las acciones que debían seguir él y el exencargado de almacenes de esa entidad municipal, Richard F.

CHOFER Y

ALMACENERO

Josué S., que tenía el cargo de chofer en Emavías y ahora cumple detención preventiva en el penal de San Pedro, desde el 28 de mayo, primero se abstuvo de declarar y se acogió a su derecho al silencio, pero luego pidió dar su versión, fue en ese momento que se conocieron los detalles del acto de corrupción del que fue víctima. Junto a él también fue imputado y encarcelado, Richard F., ambos por el delito de robo agravado.

La imputación señala que Richard F. y Josué S., fueron los encargados de extraer los 93 turriles de cemento asfáltico la madrugada del 13 de mayo, con tres camiones grúa del interior de Emavías. Ese material fue recuperado el 24 de mayo, en el garaje de una empresa de construcción en la carretera hacia el municipio de Pucarani.

Paradójicamente, el denunciante fue el mismo Mauricio B., esto pese a que la empresa que cumple con el servicio de vigilancia a estas dependencias, “G” Segurity, presentó un informe en el que se asegura que, la madrugada del 13 de mayo, los guardias permitieron el ingreso de tres grúas que se llevaron los 93 turriles de cemento asfáltico, porque supuestamente tres días antes, Mauricio B., en presencia de Richard F., dio una orden verbal autorizando esa operación. Esa instrucción, dice el documento, la recibieron los guardias en las oficinas del exgerente.

Una vez que conocieron ese dato, la representante del sindicato de Emavías, Nora Arteaga, interpuso una segunda denuncia ante la Fiscalía contra Mauricio B., por el “autorrobo” del cemento asfáltico. En contacto con los periodistas, señaló que éste es uno de varios casos de corrupción que fueron denunciados, pero que no fueron atendidos por el alcalde Iván Arias.

Pese a esos antecedentes, mientras el caso estuvo a cargo de la fiscal Wendy G., en la división de Delitos Patrimoniales, Mauricio B. seguía exento de sospecha. Pero esto cambió cuando la investigación fue reasignada a la fiscal Elba S., en la división Anticorrupción, quien tomó en cuenta la declaración de Josué S. y el informe de la empresa “G” Segurity.

REUNIONES

Y AMENAZA

En la denuncia se detalla que desde que se reveló el robo de los turriles, Mauricio B. llamó a Josué S. y Richard F. para pedirles que guarden silencio. La primera reunión se dio el 15 de mayo, en el lavadero de autos de Emavías, en la zona Achachicala, la segunda, se organizó en el monumento a Germán Bush, en la zona Miraflores, el mismo día, las llamadas se registraron desde el celular corporativo del exgerente.

En esa segunda reunión, Mauricio B. les pidió que guarden silencio de todo lo ocurrido con el cemento asfáltico y que todo quedaría sin sanción, porque él tenía influencias en la Fiscalía y la Policía. Pero además, para evitar que no se preocupen, les dijo que en los siguientes días asumiría el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana.

El 17 de mayo, se dio una tercera reunión organizada por el exgerente de Emavías junto a Josué S. y Richard F., en inmediaciones del estadio Hernando Siles. “Mauricio B. B., quien les habría manifestado que todo ya estaba casi direccionado, que les iba a ayudar y que tenían que comprometerse a no decir nada, a lo que Josué S. le habría contestado que él iba a decir toda la verdad, a lo que Mauricio B. le respondió diciendo: ‘¿acaso tus padres llegan a los fiscales y policías? ‘tu solo te vas a hundir’”, señala el documento.

El 19 de mayo, Josué S. recibe una nueva llamada de Mauricio B., quien le pide “que se escape y que se vaya al departamento de Santa Cruz, a su chalet en el hotel Radisson”. La llamada se hizo desde otro número de celular.

Por los antecedentes, se presume que Josué S. rechazó el pedido de Mauricio B. y decidió colaborar con la investigación. En esa línea, el 23 de mayo, Josué S. se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para ayudar en el caso.

El investigador del caso, “sargento Tola”, extrañamente le pide hablar fuera de esas oficinas, frente al mercado Bolívar.

Allí, Josué S. revela la ubicación de los turriles, pues según la declaración del ingeniero Limbert Ch., el chofer de Emavías fue quien le vendió los 93 turriles, a 1.400 bolivianos, cada uno y que todo el trato se hizo por vía virtual, incluido el depósito del dinero, que el profesional denunció como una estafa.

Es así que el 24 de mayo, Josué S. lleva al sargento Tola y otros policías hasta el garaje donde había entregado los 93 turriles de cemento asfáltico. Al día siguiente el chofer recibe otra llamada de Mauricio B., quien cambia de postura y le pide que se presente a declarar.

Mauricio B. “le manifiesta que ya había hablado con la fiscal Wendy G.”. Que sería arrestado solo por cuatro horas, según la coordinación que hizo con “Marcelo”, su secretario.

LA MADRE ENTREGÓ

EL DINERO

Esa negociación la había realizado la “esposa” de Mauricio B., Carolina M., quien trabajaba con Sarina G., fiscal de Trata y Tráfico de Personas. Josué S. decide presentarse el 26 de mayo en la Fiscalía, allí aparece el “teniente Salazar”, quien le dice: “Flaquito, sabes que estos temas son delicados y se solucionan con dinero acabo de hablar con la fiscal y me dijo que te van a aprehender, solo por dos semanas, porque tenían que hacerlo todo profesionalmente y que para eso le tenían que dar tres mil dólares”. En su desesperación la madre de Josué S. le hace en entrega de 15.000 bolivianos, la abogada Mariel M. le dice a la señora. ‘Yo soy amiga de la fiscal, así que hay que darle plata, para que crea en nosotros’. Posteriormente a ese hecho, se dirigen a la Fiscalía a realizar la declaración de Josué S., en donde la fiscal Wendy G. le reiteró: ‘Dos semanas y luego lo saca’, en el lugar también estaba presente el sargento Tola, investigador”, señala parte de la extensa denuncia.

EXTORSIÓN

Sin embargo, el trato no se cumplió, la fiscal Wendy G. fue alejada del caso y el teniente de apellido Salazar pidió a Josué S. otros 1.500 bolivianos adicionales, para que permanezca en celdas de la Felcc y no sea llevado a San Pedro. Pero esto duró solo 21 días, luego, el chofer fue enviado a la cárcel y semanas después decidió realizar la denuncia.

Sobre el caso del robo de los turriles, se tiene al menos 10 personas investigadas, entre compradores y funcionarios de Emavías. Tres de ellos están detenidos, él último fue Mauricio B., que desde el sábado, debe guardar reclusión en el penal de Patacamaya, por seis meses, mientras duran las investigaciones.

En el caso de consorcio, Mauricio B. es el sexto implicado, junto a Wendy G., el teniente Salazar, el sargento Tola, la abogada y esposa del exgerente de Emavías. Todos ellos fueron imputados y cumplen detención domiciliaria. (Solo Derecho)