De acuerdo con la declaración del comprador, un chofer de la Empresa Municipal de Asfalto y Vías (Emavías) le vendió en nueve oportunidades, un total 630 turriles de cemento asfáltico, a un costo promedio de 1.200 bolivianos cada turril, desde 2022. El dato figura en el cuaderno de investigaciones de la Fiscalía, en el que ya están detenidas cuatro personas, entre ellos, el exgerente, Mauricio B.

El 3 de octubre de 2023, ante la fiscal Elba Sanjinés, el funcionario de la Empresa Coboin, Limbert Ch., fue consultado sobre si alguna vez compró cemento asfáltico de Josué S., quien era chofer en Emavías. Su respuesta quedó registrada en el acta y es un primer indicio para sospechar de que el robo de ese material a la empresa municipal era sistemático y que el mismo era conocido o aprobado por la gerencia.

“Sí compré cemento asfáltico de Josué S., los compré aproximadamente nueve veces, lo compré desde el mes de octubre de 2022, aproximadamente, al mes me vendía una o dos veces, no recuerdo bien. La cantidad que me vendía variaba, en algunas oportunidades me vendía 50 turriles, en otras 70 y en otras 90, no recuerdo bien, el precio por turril, unos 1.200 bolivianos aproximadamente, los pagos lo realicé todos por depósito bancario a la cuenta del señor Josué S., era en el Banco Sol, él era muy exigente y me pedía que le pague la totalidad el mismo día que me entregaba los turriles”, fue la respuesta de Limbert Ch., a la pregunta 10 de la fiscal y el investigador policial.

Según Limbert Ch., Josué S. hacía la entrega del material en el depósito de la empresa Coboin, ubicada en la urbanización Safiro del municipio de Pucarani. Que la mayoría de las transacciones se coordinaban por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp, desde octubre de 2022, cuando Josué S. lo buscó por primera vez.

De acuerdo a un cálculo realizado por este medio, con base en los datos que figuran en la declaración de Limbert Ch., se estima que el chofer de Emavías vendió al menos 630 turriles de cemento asfáltico con un costo total, aproximado, de 756 mil bolivianos.

Limbert Ch., fue imputado por receptación proveniente de delitos de corrupción y la pasada semana fue enviado a la cárcel por seis, con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

En la audiencia de medidas cautelares, la fiscal Sanjinés afirmó que, en el caso de la última compra de 93 turriles de cemento asfáltico, Limbert Ch., hizo tres pagos el 13 de mayo, un día después de que el material fue sustraído. En una primera transferencia envió a cuentas de Josué S. 60.000 bolivianos, luego 48.000 y finalmente de 15.000, para cubrir un total de 123.000 bolivianos, que supone el pago de 1.322 bolivianos por cada uno.

ROBO SISTEMÁTICO

El excandidato a la Alcaldía de La Paz, Cesar Dockweiler (MAS), señaló que de verificarse el hecho de que los turriles vendidos por Josué S. a Coboin provenían de Emavías, se trataría de robo sistemático y planificado de los recursos municipales pagados con los impuestos de todos los paceños.

Mencionó que la investigación de la Fiscalía debe establecer la responsabilidad del alcalde Iván Arias, debido a que es el presidente del directorio de dicha empresa.

“Luego de revisar los documentos podría sintetizar un concepto, que la actual gestión municipal ingresó a asaltar la ciudad de La Paz, no hay otra forma de poder expresarlo”, lamentó Dockweiler, quien también fue gerente de la empresa Mi Teleférico, en la gestión de Evo Morales. Mencionó que existen varios elementos que podrían involucrar a los técnicos en estos hechos irregulares, lo que podría significar que Emavías deba ser intervenida.

“Creemos que además de que se hagan los adecuados procesos de fiscalización por parte del Concejo Municipal, de parte del control social creo que Emavías debe ser intervenida para determinar con claridad la responsabilidad de todos los que han tenido que ver con algún proceso irregular. Lo digo con claridad, porque solicitar informes técnicos a la misma institución solo dará como resultado informes transparentes, sino documentos que tratarán de encubrir estos hechos de corrupción”, sostuvo Dockweiler.

EXGERENTE INVOLUCRADO

Josué S. y Limbert Ch., son dos de los cuatro detenidos que hasta el momento hay en este caso, junto a ellos también figura el encargado de almacenes de Emavías Richard F. y el exgerente, Mauricio B. Sin embargo, este último fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y peculado, debido a que informes de la empresa que hace resguardo de los depósitos de Emavías, “G” Segurity, sostiene que fue éste quien autorizó que Josué S. y Richard F. retiren los últimos 93 turriles de cemento asfáltico, la madrugada del 13 de mayo, hecho que desencadenó las revelaciones.

El caso inició el 17 de mayo, por hurto agravado, y el propio Mauricio B. se constituyó en denunciante antes de ser alejado del cargo por el alcalde Arias, quien no tomó en cuenta las notas del Sindicato de Trabajadores de Emavías, que afirmaban que se trató de un “autorobo” cometido por el mismo gerente, como lo insinuaba el informe de los guardias de seguridad. Los primeros detenidos fueron Josué S. y Richard F., mientras que Limbert Ch., fue puesto en libertad por la fiscal Wendy Gómez, de la División Patrimoniales.

CASO DE CONSORCIO

El caso dio un giro debido que la investigación pasó a manos de la fiscal Sanjinés en la División Anticorrupción y se comenzaron a dar las revelaciones. El primero en aportar con datos fue precisamente Josué S., quien era conocido como el chofer particular de Mauricio B.

Primero, al ser encarcelado, este prefirió acogerse a su derecho al silencio, pero en agosto, pidió dar su declaración y afirmó que efectivamente recibió órdenes de Mauricio B. para la sustracción del cemento asfáltico que luego de que estalló el escándalo, el exgerente de Emavías organizó varias reuniones clandestinas con él y Richard F., para pedirles que no revelen los detalles y que de ser procesados recibirían ayuda, pues él tenía contactos con altos funcionarios de la Policía y la fiscal Gómez.

Josué S. declaró que tanto Mauricio B., la fiscal Gómez, el asistente de esta y una abogada particular le prometieron que solo estaría detenido un par de semanas y luego sería puesto en libertad, a cambio de 3.000 dólares, monto del cual solo pudo pagar 15.000 bolivianos. Pero el trato no se cumplió y reveló que ese acuerdo se había hecho con la coordinación de un teniente de la Policía y Carolina Muro, quien resultó ser “la pareja sentimental” de Mauricio B. y que a su vez era asistente de otra fiscal, según la imputación que se presentó en su contra.

LLAMADAS Y REUNIONES

“En fecha jueves 25 de mayo de 2023, en horas de la tarde, Josué S. recibió una llamada de Mauricio B., quien le manifestó que no se escape (a Santa Cruz), que ya habría hablado con la fiscal Wendy Gómez, que no iban a arrestarlo ni cuatro horas, y que además habló con ‘Marcelo’, secretario de la fiscal Gómez. Todo esto se había hablado con su esposa, Carolina Muro, quien trabaja con la fiscal Sarina Guardia, de Trata y Tráfico”, es parte del texto que figura en la denuncia por consorcio que se abrió, derivado del robo de los turriles de cemento asfáltico.

Según la relación de hechos expuesta en el documento, Josué S. señaló como principal gestor del encubrimiento del robo de los turriles y el proceso de extorsión que sufrió, al exgerente de Emavías. Relató que desde el 15 de mayo recibió al menos cinco llamadas y asistió a tres reuniones convocadas por Mauricio B., quien dictó las acciones que debían seguir él y el exencargado de almacenes, aseguró que los 15.000 bolivianos fueron entregados en un acto de desesperación de su madre.

La declaración de Josué S. derivó en el inicio de un segundo caso, por el delito de consorcio, proceso en el cual se aprehendió a todos los mencionados, incluidas la fiscal Gómez y la abogada particular Mariel Méndez, quien sorpresivamente también participó como abogada de Limbert Ch.,. Todos fueron beneficiados con detención domiciliaria y aún estaría pendiente la audiencia de Mauricio B.

“He declarado y voy a seguir coadyuvando con las investigaciones. Lastimosamente el Ministerio Público me está implicando por la declaración de un delincuente”, declaró Mauricio B. a los medios de comunicación, el momento que era conducido a celdas policiales. Rechazó la versión de Josué S. y negó haber dado la orden de salida del material.

FALTA DE FISCALIZACIÓN

Para Dockweiler, el intrincado proceso que revela una serie de nexos y acciones que involucran hasta el gerente de Emavías, confirma que el alcalde Iván Arias está rodeado un equipo de trabajo que busca el beneficio personal y puso en duda de que estos cumplan con los requisitos académicos y de experiencia, requerido para ocupar cargos gerenciales y técnicos en las empresas municipales.

Asimismo, el exgerente de Mi Teleférico, extendió la sospecha sobre el trabajo del personal técnico, debido a que el presunto robo sistemático del cemento asfáltico debió ser de conocimiento de ellos, bajo dos teorías.

La primera, que al ser los responsables de calcular la cantidad de material que se requiere para el asfaltado de una calle, estos solicitaban más turriles de los que se necesitaban y de esta forma no se notaba la falta de los que eran sustraídos para ser vendidos a privados.

La segunda teoría, es que los técnicos responsables de las obras, cumplían con el asfaltado de calles utilizando menos material del requerido, tomando en cuenta que parte de los turriles eran vendidos, lo que lleva a suponer la mala calidad de las obras y su pronto deterioro. Bajo esa segunda sospecha, se presume también que este era el modo en el que se generaba un círculo vicioso de compra de material.

Otro aspecto que Dockweiler pide que se investigue es la calidad del cemento asfáltico que compra Emavías, pues según datos proporcionados por los mismos trabajadores, este material no cumple con los requerimientos para asfaltar calles de alto tráfico como las de La Paz.

En esa línea, lamentó la falta de fiscalización del Concejo Municipal, cuyos miembros, tanto oficialistas como opositores, no han accionado los mecanismos administrativos necesarios para transparentar estos temas.

“Llama muchísimo la atención de que, con bombos y platillos, utilizando las redes sociales, el TikTok, algunos concejales se dan el lujo de hacer denuncias, pero no dan seguimiento a las mismas. No solo se trata de aparentar una fiscalización mediática sino de lograr resultados en este tipo de investigaciones. Estos concejales afirman que hay un desfalco a la Alcaldía de La Paz y lanzan otras acusaciones; uno podría pensar que hay alguien que cumple con la labor de fiscalizar el trabajo del Ejecutivo, que llegarán hasta las últimas instancias, sin embargo, cuando se revisa los documentos el vecino de esta ciudad se da cuenta de que sólo se trató de un show mediático”, concluyó. (SoloDerecho)