El presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó para las 10.00 horas de hoy 8 de agosto, a una reunión con los jefes y subjefes de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) para encontrar “puntos de convergencia” respecto a las elecciones judiciales.

Rek asegura que dicha convocatoria debe realizarse  para buscar consensos y definir los lineamientos de una ley como manda un fallo constitucional y no sobre proyectos de ley introducidos de “contrabando”, como se intentó en el Senado la pasada semana.

“Esta reunión de inter-bancadas tiene el objetivo de consensuar el proyecto de ley 060 que ha sido ingresado por senadores. Decirle (…) que ha comenzado muy mal sus gestiones, tendría que rectificar sus pasos en esta reunión, caso contrario él estaría llevando a un fracaso de la posibilidad de elecciones judiciales”, dijo Rek.

Manifestó que la lectura del fallo constitucional pide que se genere consensos para el nombramiento de altas autoridades judiciales, antes de que se presente un proyecto de ley.

“En la comisión de Constitución del Senado de manera intempestiva (…) se copió el reglamento que ya existía, el que estuvo desestimado por el Tribunal Constitucional y se lo trató de convertir en este proyecto de ley 060, para madrugar a los senadores tratando de que sea aprobado y se tome como si estuviera hecho en estricto cumplimiento del fallo constitucional”, advirtió.

En ese marco, la legisladora dijo que Choquehuanca debería llamar la atención a este tipo de acciones y no haber convocado a tratar ese proyecto de ley que no tiene consenso de los dos tercios, sino para rectificar los malos pasos dados en el Senado.

“(Debería) pedir bajo el criterio de todos los jefes de bancadas y presidentes de ambas cámaras que se generen los consensos necesarios para generar el reglamento de selección de autoridades judiciales”, aseveró.

El 30 de julio de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que declaró inconstitucionales al reglamento y la convocatoria de las elecciones judiciales que se encuentran paralizadas desde el 27 de abril de este año, tras la presentación de una acción de inconstitucionalidad.

Los plazos se acortan, según lo dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo cronograma establece que la lista de precandidatos debe enviarse hasta el 4 de septiembre, para organizar y realizar las elecciones de forma que las nuevas autoridades sean posesionadas en enero de 2024.