Marvin Coro Espinoza, asesor legal de los acusados del despojo de tierras, protestó a gritos contra la presencia en sala de Fernández y de reporteros de los canales de televisión Unitel, Gigavisión, Red Uno y Red Digital.

“Usted no grabe nada. No tiene por qué estar participando, esta es una audiencia particular. Ustedes no tienen por qué estar aquí. No me pueden grabar sin mi autorización”, manifestó a gritos el abogado que emplazó a Fernández cara a cara, en presencia de las diputadas Luisa Nayar y María José Salazar, que se encontraban entre el público.

“Pensé que me iba a agredir, el hombre estaba furibundo. Me encaró porque fui quien exigió el derecho a estar presente en la audiencia. Lo peor de todo es que lo hizo delante del juez, Osmar Fernández Velasco, quien no tuvo autoridad para poner orden”, lamentó Mercedes Fernández, en declaraciones a la Unidad de Monitoreo de Libertad de Expresión de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Transcurridos unos minutos del incidente, el juez Fernández dio curso a la audiencia y permitió el ingreso de los periodistas, aunque con la restricción de no grabar imágenes.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios de Bolivia, defendió el derecho periodístico a la cobertura de esta audiencia porque el área ocupada por los avasalladores es un reservorio de agua dulce que consumen unos dos millones de habitantes, en el área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la capital del departamento de Santa Cruz.

“El abogado de los avasalladores ha insultado, ha agredido a los periodistas y el juez se quedó callado, sin aplicarle sanción alguna. Respaldamos a los reporteros que cumplen su labor de informar”, declaró por su parte la diputada Nayar a la agencia Erbol. La parlamentaria Salazar explicó al medio que se hicieron presentes para fiscalizar “los juicios en los que se puedan cometer errores procesales”.

Al día siguiente, el Colegio de Abogados de Santa Cruz, representado por su vicepresidente, Félix Oros, solicitó que las audiencias sean públicas y con acceso a la prensa.

“No hay nada que esconder en una audiencia. La restricción solamente aplica para proteger la identidad de menores de edad, o si el juez considera que hay peligro para la seguridad de los abogados o partes litigantes. La justicia siempre tiene que ser transparente”, dijo en conferencia de prensa.

El predio donde funcionaban un centro turístico y la propiedad agrícola y productiva ‘Villa Roca’ fue invadido en enero de 2022 y luego de diecinueve meses de proceso judicial, el juez agroambiental le ha reconocido a la familia Kim Rojas el derecho propietario.