La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), a través de un pronunciamiento público, sostiene que los avasallamientos se tornan más violentos, a pesar de solicitar la implementación del imperio de la ley, la toma de tierras continúa afectando la producción de alimentos y los empleos.

Desde hace tiempo venimos solicitando el imperio de la Ley y el respeto al estado de derecho en todo el territorio nacional, sin embargo, la situación de violencia en la toma ilegal de tierras se torna cada vez más peligrosa para nuestra sociedad, para la producción, para la seguridad alimentaria y la generación de empleos, señala el titular de la CAO, José Luis Farah.

Alerto que se agravará la situación sino se toma el control por parte del Estado, cuya situación se va ampliando a otras regiones del país, sin que nadie ponga límites, la inseguridad jurídica avanza cada vez más.

La situación de avasallamientos se agrava cada día sin que nadie se ocupe de poner un control definitivo, antes solo se escuchaba en Santa Cruz, hoy sabemos que Cochabamba es uno de los departamentos con mayor cantidad de casos en toma ilegal de tierras, de forma simultánea al conflicto de la propiedad Santagro, también se registró otro en La Paz, ambos con alta violencia.

La inseguridad jurídica se ha generalizado para todos los que se dedican a la producción de alimentos, sean pequeños, medianos, grandes e incluso comunidades. En el caso de Cochabamba las tomas violentas de tierras productivas son a pequeños productores cuya situación es muy complicada porque se enfrentan a grupos organizados.

«Hacemos un llamado a las autoridades competentes en la materia, para frenar esta ilegalidad que ya es una pesadilla para los productores, porque además de atentar contra la producción de alimentos, las inversiones, también se está poniendo en riesgo la vida de las personas», señaló.

Para Farah la acción ilegal que practican grupos de avasalladores atentan a la producción de alimentos e inversiones, ponen en riesgo la vida de los seres humanos, con referencia a la muerte de dos personas el miércoles, que se hubiera evitado si las autoridades hubieran actuado.

El representante sugiere que se instaure el diálogo y controlar la situación a través de la implementación del orden público.

Recordó que el año pasado las autoridades del Ministerio de Gobierno habían indicado cero avasallamientos, se desalojaron algunos predios y se espera que se actúe de esta manera con las otras propiedades invadidas.

Con referencia a la propiedad de Santagro, dijo que la siembra toma su tiempo para que sea cosechada, entre 100 a 120 días, por lo que no pueden permitir que el productor sea afectado en sus inversiones, es decir, que se debe garantiza la cosecha.

Industriales

Por otra parte, de manera categórica y en consenso con los presidentes de las Cámaras Departamentales de Industrias en reunión de emergencia, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) rechaza los avasallamientos registrados en las últimas horas en los departamentos de Santa Cruz y La Paz, debido a que generan una alta inseguridad jurídica para la inversión.

Industriales rechazamos avasallamientos en el país porque atentan contra la propiedad privada y generan alta inseguridad jurídica para la inversión, señala el pronunciamiento del sector.

Esos hechos que se vienen suscitando de manera reiterada hace ya varios meses, hoy han provocado la muerte de bolivianos, señala. Sostienen que esas acciones irregulares atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada y generan alta inseguridad jurídica para la inversión, tanto de personas naturales como de personas jurídicas.

Los industriales hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Subnacionales para que intervengan de forma inmediata en estos hechos, hagan respetar el Estado de Derecho y la propiedad privada preservando la seguridad jurídica, e impongan sanciones con el máximo rigor, en el estricto marco de la Ley, para evitar una escalada de violencia e inseguridad jurídica, plantean.

Los avasallamientos generados por grupos organizados transgreden y violentan las normas consagradas en la Constitución Política del Estado en materia de propiedad privada, ponen en serio riesgo la inversión y producción tanto de familias como de empresas que realizan inversiones formales, advierten.

Por otro lado, estas acciones violentas e irregulares afectan a los esfuerzos orientados a la sustitución de importaciones que el mismo gobierno impulsa, vulnerando el derecho a la propiedad privada, al normal aprovisionamiento de productos, poniendo en riesgo los complejos productivos e industriales en el país, denuncian.