El político ecuatoriano indicó que tanto él como su equipo de campaña habían sido objeto de sendas amenazas de muerte, algunas por parte del Cártel de Sinaloa. “He recibido una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, alias ‘Fito’, con la advertencia de que si sigo adelante contra él y su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida”, manifestó en una serie de declaraciones a los medios, antes de su fallecimiento.
Así, también puntualizó que este tipo de amenazas solo confirman que la propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. “Aquí estoy dando la cara. No les tengo miedo. Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y, reitero, no les tengo miedo”, afirmó en ese entonces.
Villavicencio también había revelado irregularidades en contratos estatales con empresas petroleras y había asegurado que presentaría una investigación ante la Fiscalía sobre el mayor atraco petrolero de la historia de Ecuador.
Ayer, la banda conocida como Los Lobos se atribuyó la autoría del asesinato en un vídeo que circuló a través de varias redes sociales. Además, habría amenazado a los siete candidatos restantes de cara a las elecciones.
Por otra parte, profirió amenazas también contra el candidato Jan Topic del Partido Social Cristiano: «Si no cumples tu promesa, Jan Topic, serás el siguiente». Varios candidatos expresaron su consternación y suspendieron sus actos de campaña referidas para el 20 de agosto.
La familia de Villavicencio, sin embargo, acusó al Gobierno del presidente, Guillermo Lasso, de no darle la protección debida al candidato a pesar de que había sido amenazado.
ESTADO DE EXCEPCIÓN
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción a nivel nacional durante 60 días tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Lasso dijo que se considera adecuada para desplegar los mecanismos extraordinarios que hagan frente a la grave conmoción interna y las exigencias que la situación amerita, argumentó que la limitación del derecho a la libre reunión es necesaria para precautelar el orden y la seguridad interna en el ámbito territorial de la presente declaratoria, evitando la coordinación de nuevos hechos de violencia y la planificación para el cometimiento de nuevos delitos que pongan en riesgo la integridad de la población. (Europa Press).