Este escenario de sacarle de la arena política durante los próximos ocho años, llegaría justo para las elecciones presidenciales de 2030 lo contempla el propio Bolsonaro, quien intentó desde entonces restar importancia a aquel encuentro, en el cual, entre otras cosas, se lanzaron infundios sobre las urnas electrónicas.

Corría julio del año 2022, cuando Bolsonaro, quien hacía meses había estado poniendo en tela de juicio la fiabilidad del sistema electoral brasileño, citó a 72 embajadores y personal diplomático en la sede del Gobierno Federal en Brasilia. Aquel evento fue retransmitido por TV Brasil, razón por la cual fue acusado de abuso de poder y uso fraudulento de los medios de comunicación públicos.

En aquella reunión, entre otras falsedades, llegó a afirmar que eran empresas externalizadas las que se encargaban del recuento de los votos y no los sistemas del Tribunal Superior Electoral (TSE), cuyos jueces tienen reservados tres fechas para alcanzar un acuerdo acerca de su inhabilitación.

Además de hoy, los siete jueces que conforman la corte tendrá dos sesiones más, el 27 y el 29 de junio, para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, entre bastidores surge el temor de que alguno de ellos, en especial Kassio Nunes Marques, designado por Bolsonaro, solicite más tiempo para analizar el caso.

En tal caso, la votación en el seno del TSE se aplazaría otros 30 días, pero al estar de vacaciones al cumplirse ese plazo, la siguiente reunión no tendría lugar hasta el 22 de agosto. Aún así, se podría solicitar otra prórroga de 30 días más, pero ya requeriría del aval del presidente del tribunal, Alexandre de Moraes.

No obstante, lo más probable es que cuando Nunes Marques tenga su turno de palabra, la suerte de Bolsonaro esté ya echada. Tanto el expresidente brasileño como su círculo más cercano dan por sentado que la votación se cerrará con un incontestable 6 a 1 en su contra.

A pesar de que saliera airoso en esta ocasión, el escenario que tiene ante sí Bolsonaro no es nada esperanzador, pues el TSE tiene en sus cajones otras 16 demandas contra él que podrían certificar su inhabilitación, como la que denuncia la creación de una red de desinformación contra sus rivales, o la de abuso de poder político y económico por distribuir programas de subsidios sociales en campaña.

Se suman además otras tres acciones que investigan si utilizó los desfiles militares del 7 de diciembre de 2022 en Río de Janeiro y Brasil por el Bicentenario de la Independencia de Brasil con fines electoralistas. Fuera del TSE, está la investigación del Tribunal Supremo por su supuesta responsabilidad intelectual en los ataques de sus seguidores a las instituciones el 8 de enero de 2023.

PRIMERA INHABILITACIÓN POR DECISIÓN JUDICIAL

En caso de que el TSE certifique su descalificación para los próximos comicios presidenciales de 2026 y locales de 2024 y 2028, sería la primera vez que un expresidente se ve privado de sus derechos electorales por decisión de esta corte, si bien hasta ahora fue por iniciativa del Senado, o de otros tribunales.

Fernando Collor de Melo, tras dos años de mandato, fue inhabilitado hasta el año 2000 por corrupción pasiva tras ser sometido a un juicio político por en el Senado. El mismo proceso por el cual fue echada del cargo la expresidenta Dilma Rousseff en 2016, sin embargo, ella sí mantuvo sus derechos políticos intactos.

Por su parte, el ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, también fue inhabilitado y encerrado en prisión tras un proceso judicial marcado por las irregularidades, tal y como confirmó el Tribunal Supremo, que habilitó sus derechos políticos y permitió que pudiera presentarse a las últimas elecciones. (Europa Press)