Bolivia necesita inversión para reactivar su producción y exportaciones, basándose en el esfuerzo privado y el sacrificio de los productores del campo. Sin embargo, los avasallamientos ilegales, que perjudican el bienestar de la gente, bloquean la iniciativa privada y ralentizan el crecimiento, según el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

“Cuando hablamos de avasallamiento a predios productivos en el campo, nos referimos a gente que, haciendo uso de la fuerza y la violencia, afrenta a la ley y a las instituciones para lograr sus intereses y apetitos personales: No se trata de gente que quiere hacer agricultura o ganadería y trabajar honradamente. Normalmente, es gente contratada para amedrentar y tomar por la fuerza tierras que están en producción en las que, por años de años, se invirtió mucho tiempo y dinero para tal efecto. En realidad, este franco asalto a la propiedad privada tiene que ver con la toma violenta de tierras en producción, para su reventa, y, hasta que ello ocurra, se roban la maquinaria y vehículos, cosechan para sí lo que ya está sembrado y extorsionan a nuestros agricultores nacionales o extranjeros, que han hecho familia en el país, “para que puedan seguir trabajando”, reflexionó.

Recordó que en el departamento de Santa Cruz, la propiedad Santa Rita, en la provincia Guarayos, había sido liberada de manos de delincuentes y puesta en custodia, una valorable acción instruida por el Ministro de Gobierno, sin embargo, un día después, a media mañana, una gran cantidad de motos con gente encapuchada, alcoholizada y drogada -portando armas de fuego y armas blancas- volvieron a invadir la propiedad, atacando su campamento con petardos de alto poder, agrediendo a los 60 policías que estaban en el lugar, obligándolos a su repliegue luego de sufrir heridos y hasta el secuestro de un efectivo.

Los avasalladores son tan avezados que “se llevaron vehículos y maquinaria, sin permiso del dueño” e intimidaron a los trabajadores, diciéndoles que acaben de cosechar y se vayan de ahí, porque, si no, tomarían medidas.

Por eso, el beneplácito del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), que públicamente han valorado tales acciones, mucho más, cuando un reciente sondeo de percepción ciudadana resultó lapidario para los avasalladores por el frontal rechazo a dicho delito y la crítica al Órgano Judicial, ya que un 89% dijo que la justicia no defiende a los productores del agro frente a los tomatierras y un 99% urgió al Gobierno a tomar medidas valientes,

“El Departamento de Santa Cruz produce el 77% de los alimentos del país y aporta con el 88% a las agroexportaciones, todo eso está en riesgo si continúan los avasallamientos a predios productivos. Para tener seguridad con soberanía alimentaria, es necesario invertir, producir por encima de nuestras necesidades, generar excedentes para exportar a partir del inversionista nacional o extranjero que activan nuestro potencial agropecuario y agroindustrial, generando un vasto efecto multiplicador en cuanto a empleos dignos, ingresos para las familias, tributos y divisas para el Estado, haciendo que Bolivia crezca con estabilidad; lamentablemente, los avasallamientos en el agro cruceño, pueden destruirlo todo”, advirtió.