La diputada por Creemos, María René Álvarez, informó que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz desarrollará esta jornada la audiencia reprogramada de la Acción Popular, presentada por legisladores nacionales para defender los acuíferos de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güenda-Urubó, amenazados por la construcción de la carretera La Guardia-Buena Vista.

La Acción Popular fue activada contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, como directos involucrados en la proyección, construcción y financiamiento de la carretera. Las partes accionadas fueron notificadas en el transcurso de la anterior semana, para garantizar el cumplimiento de las formalidades del proceso.

Para la diputada cruceña esta es una oportunidad para que la justicia actúe en defensa de los recursos hídricos y de la vida de los ciudadanos, dejando un precedente para evitar el ingreso de obras en la zona de los reservorios de agua que abastecen al área metropolitana del departamento de Santa Cruz.

Se convocó nuevamente a la población, colegios de profesionales, activistas pro el medio ambiente y líderes indígenas a acompañar la audiencia, porque se trata de la defensa de un recurso natural que es vital para la vida.

Esa instancia judicial debió realizar esta audiencia el pasado 26 de septiembre, pero suspendió el acto y lo reprogramó para este lunes.

El petitorio solicita conceder tutela para dejar sin efecto las licencias ambientales emitidas por el MMAyA, hasta que se realice un estudio ambiental público, además de pedir que el Gobierno, mediante sus ministerios y la ABC, hagan partícipes sobre cualquier acción tomada a las autoridades jerárquicas de Santa Cruz y de la zona Güenda-Urubó, que tenga relación con sus derechos vitales, como es la provisión de agua.

La diputada Álvarez también lleva adelante una gestión de protección a los acuíferos cruceños, con cuatro notas entregadas a la CAF, entidad financiadora de los 112 millones de dólares que fueron aprobados mediante Ley 1042 del 7 de abril de 2018. Recientemente, el representante de esa organización internacional, Florentino Fernández, respondió a la legisladora con un tenor genérico de respetar las normas ambientales y esperar que el diálogo entre el Gobierno y la Gobernación de Santa Cruz den resultados positivos.

Se espera también que Fernández reciba a la diputada nacional, como lo hizo hace dos semanas con representantes de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, pues la cuarta carta tenía como referencia la solicitud de reunión de urgencia para abordar esta problemática.

Como antecedente, la legisladora logró en 2022 la paralización de actividades mineras dentro del Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) de San Matías, mediante la revocatoria de la licencia ambiental de la empresa Mincruz y tiene pendiente de admisión una Acción de Cumplimiento en defensa del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, para que la Alcaldía de San Ignacio de Velasco actúe contra los avasallamientos en esa zona, que también es territorio indígena.