En su momento el experto en hidrocarburos, Hugo del Granado, dijo que la nacionalización fracaso y se tenía que apuntar a una nueva normativa para reactivar el sector de hidrocarburos, debido a la caída de la producción y las reservas, pues Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no cumplió con las expectativas.
El experto en el tema de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, también dijo que debería apuntarse a una nueva ley, porque las normas que sacaron en torno a la Ley de 3058 no son efectivos.
El analista del sector, Boris Gómez, también dijo que el país requiere de inversiones privadas, y por ello se debería hacer una nueva ley para incluir todos los incentivos que se deben otorgar al empresariado que quiera invertir.
El exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla, en su momento advirtió que las actividades hidrocarburíferas no iban a traer buenos resultados debido a la poca inversión que aplicaba YPFB, debido a que el sector requiere de muchos recursos y los privados son los que pueden arriesgar, pero requieren incentivos y seguridad jurídica, y por ello planteó una nueva normativa.
Después que pasó muchos años, ahora el Gobierno asegura que ley 3058 “ha cumplido un ciclo” y trabaja en modificar la normativa hidrocarburífera.
La normativa en materia de hidrocarburos “no es estática” y la ley 3058 de Hidrocarburos “ya ha cumplido un ciclo”, por lo que se está trabajando en la modificación de los esquemas normativos con iniciativas como el anteproyecto de ley de Asociaciones, informó el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, el pasado fin de semana.
“Entendemos que sí nosotros no hacemos nada, vamos a tener las consecuencias que hemos visto durante los últimos cinco y seis años, una tasa de declinación bastante agudizada”, explicó sobre las acciones encaradas desde el Gobierno para intensificar las tareas de exploración y generar las condiciones necesarias.
La Ley 3058 de Hidrocarburos fue aprobada en 2005 y regula la actividad hidrocarburífera. La nueva Constitución Política del Estado establece que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano.