También hace referencia al Estado de Derecho y al grado de aplicación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores. Y denuncia la tortura y los malos tratos persistentes en el país.

LOS 10 PUNTOS CLAVE:

1- Torturas

El Alto Comisionado manifestó que tuvo conocimiento de que en 2022 hubo 362 imputaciones por tortura y 47 condenas, pero que su oficina tiene conocimiento de otras 91 denuncias de tortura presentadas por las víctimas o sus representantes. Sobre estas últimas, pidió que las autoridades las investiguen, sin excepción y con total transparencia.

Asimismo, lamentó la demora en la investigación de las muertes registradas durante protestas ciudadanas que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2019. “De las 101 muertes que mi oficina ha documentado en el contexto de operaciones de seguridad, sólo ocho llegaron a los tribunales”, indicó.

2- Desigualdades, ingresos limitados y derecho a la educación vulnerado

El escrito indicó que los desafíos persistentes y otros factores continuaron afectando negativamente los servicios públicos esenciales, el transporte, la educación y la salud.

También la inflación y la devaluación del bolívar obstaculizaron los niveles de ingresos, incluyendo salarios y pensiones.

3- Escasez de fondos y personal en los centros de salud

El personal sanitario y la sociedad civil en general denunciaron un entorno intimidatorio en el sector sanitario, incluidos arrestos y detenciones de personas que denunciaban las deficiencias del sistema de salud pública.

Las mujeres y los niños se ven desproporcionadamente afectados por el deterioro del sistema sanitario.

4- Marco legislativo restrictivo que facilita la violación a DDHH en salud

En este ítem, el escrito indica que el marco legal venezolano sólo permite el aborto en los casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro. Como consecuencia de esto, a las mujeres no les queda más remedio que recurrir al aborto inseguro, una de las principales causas de mortalidad materna.

5- Censura

El escrito denunció el cierre de emisoras de radio y bloqueos a sitios web. Documentó el cierre de 16 estaciones de radio en todo el país y el bloqueo de 44 páginas de Internet.

6- Falta de transparencia

El informe destacó que la falta de transparencia y de acceso a la información pública siguió siendo motivo de preocupación. Durante el período de estudio se registraron 71 solicitudes por parte de la sociedad civil, de las cuales, la mayoría no recibieron respuesta.

7- Derechos laborales irrespetados

Denunció 12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales, entre ellos una mujer, nueve de los cuales fueron detenidos, así como hostigamiento a siete dirigentes sindicales, secuestro de un familiar de un dirigente sindical y amenazas contra cuatro (una contra un familiar).

8- Restricciones al espacio cívico

Documentó 21 casos de amenazas y hostigamiento, 46 casos de estigmatización en redes sociales o emisiones públicas por parte de funcionarios del Estado, y 17 instancias de criminalización, incluyendo 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos.

9- Violencia de género y discriminación de personas LGBTQ+

El informe denunció dos casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, en los que se produjeron retrasos en la investigación y juzgamiento de los autores.

También indicó que las organizaciones LGTB siguen solicitando que se tomen medidas que permitan el pleno disfrute de los derechos humanos, entre ellas la elaboración de una ley que garantice el derecho de las personas transgénero a su identidad de género autopercibida, la aplicación del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil, que permite al cambio de nombre según su identidad de género, y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

10- Primarias inclusivas y transparentes

En este punto, defendió la necesidad de que las próximas elecciones primarias en Venezuela, convocadas para el 22 de octubre, sean transparentes e inclusivas. Argumentó que para ello se deben levantar las restricciones para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos y prevenir los ataques o actos de intimidación contra las voces disidentes.

Consideró que los obstáculos observados, como la descalificación de representantes de la oposición para ocupar cargos públicos, deben ser levantados de forma urgente.

De esas primarias saldrá el candidato de la oposición antichavista para las elecciones presidenciales del 2024.

La ex diputada María Corina Machado puede participar en esas primarias, pero no en las presidenciales, aunque fuera elegida candidata de la oposición, ya que fue recientemente inhabilitada para competir por un cargo de elección popular durante 15 años.

En este mismo ámbito, Türk dijo que su organismo está siguiendo con atención y desde la perspectiva de los derechos humanos la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. (Infobae)