Tras la aprehensión del viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, por su supuesta participación en el caso “coimas millonarias”, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, afirmó que esta acción es tardía ya que se debería haber destituido a todos los colaboradores del exministro, Juan Santos Cruz, luego de oficializarse su renuncia.

Desde sus redes sociales, Reyes aseguró que la determinación judicial contra este funcionario se realiza fuera de tiempo, pues existe la posibilidad de que varios indicios y pruebas que pudieron ayudar en el caso coimas, hayan sido alterados o borrados para obstaculizar el proceso investigativo.

“La aprehensión del Viceministro es una acción tardía y retardada para las investigaciones, pues seguramente ya se ha obstruido la información que se debía encontrar luego de la aprehensión de la MAE en ese Ministerio”, sostuvo el legislador paceño.

Asimismo, cuestionó que, en su momento, no se haya procedido con la destitución de todos los colaboradores del exministro Santos Cruz, pues un caso de corrupción no se queda solo en una autoridad sino que requiere de la complicidad de otros funcionarios.

“Lastimosamente no se tienen datos reales sobre esta investigación. Todos los viceministros deberían haber renunciado, así como todos los que estén involucrados. Deberían haber sido removidos de sus cargos para poder tener una visión completa y una investigación real”, afirmó Reyes.

En este sentido, sostuvo que la reciente aprehensión es la mejor prueba de que se necesita profundizar las investigaciones y dejar de tomar determinaciones de forma tardía, si se quiere llegar al fondo del asunto y establecer responsabilidades por un hecho de corrupción que dejó más dudas sobre la transparencia de la actual administración.

“Se sigue actuando de manera tardía, esta aprehensión muestra que tiene que haber una investigación aún más profunda”, indicó el parlamentario representante de la Sede de Gobierno.

El viernes por la noche, el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, fue aprehendido tras prestar declaración ante el Ministerio Público por el caso denominado “coimas” en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Cerca de las 22:00 horas y luego de más de cuatro horas para la toma de sus declaraciones, Valda fue aprehendido, pese a que aseguró no tener conocimiento de los motivos de esta determinación. “A la Fiscalía detalladamente les he explicado que yo no tengo nada que ver en este tema, eso tiene que quedar claro respecto a la decisión (que tomen) los fiscales. Me voy a defender ante las instancias que correspondan”, afirmó.

Las investigaciones apuntan a que, supuestamente, la autoridad recibió parte del dinero que se solicitaba a las empresas que se adjudicaban proyectos, en esa cartera de Estado.

Esta semana, el diputado José Manuel Ormachea, tras conocer sobre una supuesta renuncia de la autoridad, exigió su inmediata aprehensión por su vinculación en el caso de las coimas millonarias en el MMAyA.

“Debe ser investigado y enviado a la cárcel de San Pedro. Se tiene suficiente carga probatoria como para establecer hipótesis a ser indagadas por la Fiscalía y ser citado a declarar en calidad de acusado y posteriormente llevado a dependencias de San Pedro, eso es lo que debe pasar. Le solicitamos al fiscal general proceder antes que más documentación sea destruida”, afirmó Ormachea en conferencia de prensa.

Luego de las recientes declaraciones de Claudia Cortez, testigo clave del caso, esta persona implicó a otros cinco funcionarios, entre ellos Valda, a quien acusó de haber recibido dinero de las coimas, además de otro funcionario al que se acusa de filtrar información y direccionar las licitaciones en favor de empresas que se adjudicaron contratos con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, presuntamente, por orden del exministro Juan Santos Cruz.

Por ello, mediante un memorial, el Viceministerio de Transparencia había solicitado la ampliación de la investigación en contra de la autoridad de Estado, además de un coordinador administrativo financiero por el delito de enriquecimiento ilícito.