La acusación es por el delito de genocidio, en contra de 18 exautoridades del Gobierno de Añez, la misma se funda en más de 700 elementos de diferente índole que sustentan la tesis acusatoria.

“Estos hechos de igual forma, se encuentran debidamente acreditados con los elementos de prueba colectados en el curso de la investigación y que forman parte del legajo probatorio ofrecido en el requerimiento conclusivo por parte el Ministerio Público, habiéndose procedido a recabar en este caso, alrededor de 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación, y la recepción de 126 entrevistas 40  informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas informativas de efectivos policiales, 50 entrevistas informativas a víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros”, sostuvo Lanchipa.

Lanchipa manifestó que, las operaciones militares y policiales en contra de los manifestantes en Senkata fueron ejecutadas por los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, exministro de Defensa, Luis Fernando López, exministro de Hidrocarburos, Víctor Zamora, con la aquiescencia de Jeanine Añez, quien tenía en ese momento, pleno control de las fuerzas del orden y seguridad del Estado (Fuerzas Armadas y Policía Boliviana), ello a través de sus exmáximas autoridades, así como de exjefes de Unidades Operativas militares y policiales.

Recordó, que en noviembre de 2019, se vivía un escenario de conflictividad persistente en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, en el que, la población civil en el ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, realizó numerosas movilizaciones, mediante constantes manifestaciones y bloqueo de vías, mismas que se incrementaron, a partir del 10 de noviembre de 2019, con exigencias de respeto al voto ciudadano y el reclamo social por las ofensas vertidas a los símbolos patrios, además del descontento generalizado por el ejercicio de las funciones de Presidente del Estado, Jeanine Añez, sin haber seguido el hilo de sucesión constitucional, aspecto que fue determinado así, por la justicia boliviana, lo que derivó en el bloqueo a la Planta de YPFB de Senkata y otros.

Lanchipa, relató que el 19 de noviembre de 2019, efectivos policiales y militares, se desplazaron de manera conjunta a la Planta de YPFB – Senkata y sus inmediaciones, dando ejecución al Plan Ogo Abreviado No. 01/2019, para la exfiltración de combustible y a la conclusión de esta operación, se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados.