Tras la restitución de Eduardo Del Castillo en el cargo de Ministro de Gobierno, legisladores y representantes de oposición observan una grave violación a la Constitución, además del debilitamiento de la institucionalidad y adelantan posibles cercos legislativos por parte del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La determinación con la que el Primer Mandatario respondió a la ALP, negando el alejamiento de uno de sus principales colaboradores en el Gabinete, no solo fue cuestionada al pasar por alto la labor fiscalizadora del Legislativo, sino por demostrar desprecio hacia la normativa vigente en el Estado boliviano.

En criterio del expresidente y líder de la oposición, Carlos Mesa Gisbert, la decisión de Arce lo hace estar casi al mismo nivel que el jefe del Movimiento al Socialismo.

“Luis Arce ha violado la Constitución y se ha burlado de la decisión del primer poder del Estado al rechazar la censura al Ministro de Gobierno. El MAS nunca respetó la democracia ni sus instituciones. El Presidente se convirtió ya en el mejor pupilo de su jefe político Evo Morales”, expresó Mesa desde sus redes sociales.

Al respecto, el diputado por Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, calificó el hecho como una nueva demostración de la pugna interna en el oficialismo que debilita la institucionalidad en la Asamblea Legislativa y en todo el aparato estatal, “llevándola a sus niveles más bajos en toda la historia de Bolivia”.

En este sentido, adelantó que la decisión de Arce será respondida por el “ala evista” en el Parlamento, espacio que continuará siendo el principal escenario de las disputas oficialistas, perjudicando así el tratamiento de temas más importantes y urgentes para el país.

“Este golpe a la Asamblea Legislativa tendrá consecuencias para la Gestión de Luis Arce, además de los posibles cercos legislativos que serán una opción para el evismo”, sostuvo.

El jueves, luego de derogar el Decreto Supremo con el que se designó a Eduardo Del Castillo como titular del Ministerio de Gobierno en noviembre de 2020, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, restituyó a la autoridad en el cargo, inmediatamente, el hecho fue considerado como un acto de desprecio a la labor del Parlamento.

Arce justificó su determinación en lo estipulado por el texto constitucional en su artículo 172, sobre las atribuciones del presidente, asegurando que no existen leyes vigentes que le impidan designar a sus colaboradores.

Asimismo, cuestionó los supuestos intentos de desestabilizar su gestión desde la Asamblea Legislativa. “El pueblo boliviano ha entendido esta intencionalidad de trabar y entorpecer la gestión para que salgamos mal parados, no se dan cuenta que en realidad al único que perjudican es al pueblo boliviano”, dijo.

Por su parte, Del Castillo afirmó que su censura en la ALP fue una puñalada por la espalda por parte de algunos asambleístas del partido azul, quienes se unieron a la oposición para atacar la gestión de Arce y provocar una ruptura constitucional. “Quienes dijeron ser compañeros de la revolución decidieron traicionarla”, sostuvo.

La restitución de la autoridad no solo fue cuestionada por la oposición, desde la dirección nacional del MAS, se emitió un comunicado acusando a Arce de haber claudicado ante “la protección al narcotráfico y la corrupción para enfrentarse a la Constitución”, lo que le lleva a seguir los pasos de la expresidenta Jeanine Añez.

“La ratificación inconstitucional del Ministro de Gobierno después de una farsa de supuestos apoyos y movilizaciones de servidores públicos, demuestra la desesperación de un Gobierno derechizado y divorciado del pueblo”, señala la nota.

También se responsabilizó a Del Castillo ante cualquier atentado que pueda ocurrir en contra de la vida o integridad de su líder, Evo Morales, además de otros dirigentes y militantes que aún prestan servicios en el Estado. “Advertimos que el gobierno persistirá en su afán de proscribir al MAS-IPSP”, señala otro punto del documento.

Desde el ala “renovadora” en el oficialismo se intentó justificar la decisión asumida por el Ejecutivo, asegurando que solo se dio cumplimiento a las leyes que señalan las atribuciones del Presidente del Estado, pero también se advierten intentos de llevar adelante una “contrarevolución” por parte del ala evista.

“Los resentidos seguramente se sintieron obviados por este Gobierno, están trabajando en esa línea conjuntamente con los actores del 2019”, afirmó el senador Félix Ajpi.