Según un reporte de la Aduana, el procedimiento de inutilización consiste en cortar cada una de las prendas de vestir usadas para convertirlas en tela y de ese modo ponerlas a disposición en la subasta ecológica, para que sean reutilizadas como relleno de colchones y peluches.
Por norma, la ropa usada es considerada mercancía prohibida de importación conforme al artículo 117 del Decreto Supremo (DS) 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas y otras normativas vigentes.
“Estos fardos de ropa usada intentaron ingresar a la ciudad de Oruro por rutas principales o alternas de Pisiga y Tambo Quemado; en su mayoría provenientes de la República de Chile”, explicó Salinas, quien aseguró que con el procedimiento de inutilización y subasta se protege a la producción nacional.
Reutilización
Una vez convertidos en pedazos de tela, la Aduana pondrá a disposición las 43 toneladas en la “Subasta Ecológica”, a la cual una persona o empresa con licencia ambiental puede acceder por medio de la página digital: http://anbsw04.aduana.gob.bo:7777/subastaEcologica/
Las empresas reutilizan la tela y generan de forma paralela empleos en el área de confección, artesanías y ventas.
“En los últimos tres meses del año (2023) se inutilizaron 115 toneladas de ropa usada, la cuales, fueron subastadas a personas naturales o jurídicas que cuentan con el certificado medioambiental a efecto que se aproveche esta materia prima para nuevos emprendimientos” explicó el Administrador de la Aduana.
De acuerdo con médicos del Ministerio de Salud y Deportes, la ropa usada al ser expuesta a la intemperie, sol y humedad, produce polvo, polen, químicos o cualquier partícula pequeña, que puede generar alergias en la piel, irritación, enrojecimiento, erupción cutánea y hongos.
Entre el 1 de enero al 21 de marzo de este año, la Aduana Nacional concretó 3.177 operativos de control en todo el país e incautó mercancía de contrabando valorado en más de Bs 116 millones, de los cuales Bs 2 millones corresponde a comisos de ropa usada.
El contrabando mueve alrededor de 3.500 millones de dólares al año, y los comisos en 2021 no superaron los 100 millones de dólares, mientras que en 2022 la cifra paso esta cifra, pero aún no es suficiente por esto los empresarios plantearon propuestas para mejorar el control.