La activista social de El Alto, Guadalupe Daza, en entrevista con EL DIARIO, lamentó que a 20 años de los hechos, del caso más conocido como “Octubre negro” de 2003, donde más de 60 personas perdieron la vida en la urbe alteña, a la fecha no se encuentre justicia y que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se atreva incluso a mandar una carta.
El 17 de octubre se cumplieron 20 años de la fuga de Sánchez de Lozada del país en medio de la denominada “Guerra del Gas”. Goni, como era conocido el exmandatario, aseguró en su carta que el país vivió dos décadas de ilusiones traicionadas y responsabilizó a los gobiernos que le sucedieron de alimentar la división y el despilfarro de los recursos naturales.
“Es una pena que a la fecha, las familias alteñas no encuentren justicia, si bien, se conoció hace algunos días que en un juicio civil de Estados Unidos les permitió llegar a un acuerdo, recordemos que solo son ocho de las más de 60 familias”, dijo.
Asimismo, Daza lamentó que una fecha tan importante para los alteños, haya sido escogida para realizar un cabildo político, cuando debió ser una actividad para informar cómo está el caso y qué está haciendo el Gobierno para hallar justicia.
“A los alteños no nos importa la división interna del MAS, a los alteños nos interesa conocer resultados, no nos importa que (Evo) Morales y (Luis) Arce sean proclamados como candidatos, queremos conocer qué están haciendo para buscar justicia por la masacre de octubre negro”, dijo.
UNA DERROTA PARA BOLIVIA
Por otro lado, Mauricio Balcázar, vocero del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, concedió una entrevista al suplemento Péndulo Político del diario Correo del Sur el fin de semana, y manifestó que con el actual agotamiento de las reservas y la declinación de las exportaciones de gas natural, los resultados de la denominada Guerra de Gas de 2003 demuestran que está implicó “una derrota para Bolivia”.
Balcázar acusó al expresidente Evo Morales y al fallecido dirigente Felipe Quispe de ser los verdaderos responsables de “Octubre Negro”.
Este 17 de octubre se cumplen dos décadas de la renuncia de Sánchez de Lozada, que se dio en medio de masivas protestas y represión policial y militar que cobró la vida de más de 60 personas en La Paz y El Alto.
Los juicios penales en Bolivia y Estados Unidos (EEUU) contra Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, no prosperaron, pero un proceso civil en el país del norte culminó el mes pasado autorizando una indemnización a las familias de ocho de las víctimas, aunque no se informó de la cifra.
Sobre los efectos de los sucesos de octubre de hace 20 años, Balcázar dijo que “los resultados” de “esa manipulada Guerra del Gas los vemos hoy, que hemos perdido todo y estamos pidiendo permiso a Chile para traer petróleo y para sacar nuestro litio. Esta ha sido una derrota para Bolivia”.
Consultado si los sucesos de octubre de 2003 eran un tema cerrado para Sánchez de Lozada, Balcázar dijo que “desde el punto de vista jurídico sí lo es. Hay un acuerdo (…). Hay un comunicado conjunto y eso es todo lo que se puede hablar, es un acuerdo donde se reconoce que aquí no hay responsables, eso está reconocido por las víctimas y por Goni, está claramente escrito; es un acuerdo transaccional, evidentemente, pero elimina todo tipo de juicio o de reclamo posterior que pueda haber”.
LA RENUNCIA
El 17 de octubre de 2003, un avión se llevaba a Estados Unidos a Gonzalo Sánchez de Lozada, que acaba de renunciar a la presidencia de Bolivia, después de haber generado luto en más de 60 familias, tras una represión durante manifestaciones sociales en La Paz y El Alto.
Todo inició el 15 de septiembre de 2003, cuando campesinos de la zona del lago Titicaca bloquearon las carreteras en contra de la exportación de gas natural por Chile y para que se ponga en marcha un plan de desarrollo rural.
Cinco días después se produjo un enfrentamiento entre fuerzas del orden y campesinos, dejando el saldo fatal de un soldado y cuatro civiles en Warisata.
El 25 de septiembre de 2003, la Central Obrera Boliviana (COB) convoca a una huelga para exigir la dimisión del Sánchez de Lozada y contra la exportación del gas. Un día después se unió el Movimiento al Socialismo (MAS). Cuatro días después comienza una huelga general indefinida.
El 30 de septiembre de 2003, miles de personas participaron en una manifestación contra de la exportación de gas por Chile.
Ya el 3 de octubre de 2003, cocaleros se suman a las protestas pero no paralizan la carretera debido a la fuerte presencia militar y el 8 inicia un paro cívico en El Alto.
El 9 de octubre de 2003, en El Alto, dos personas mueren y 16 resultan heridas en enfrentamientos entre la Policía y el Ejército. El 11, el Gobierno ordena la militarización de la urbe alteña amparados en el Decreto Supremo 27209.
El 12 de octubre de 2003, nuevos enfrentamientos entre la Policía y el Ejército contra los ciudadanos dejan cerca de 19 muertos. El 13 de octubre, Sánchez de Lozada, decreta que no se venderá el gas natural al exterior hasta que no se realice una consulta con la población. Pero debido a las muertes y represión indiscriminada la huelga sigue pidiendo su renuncia. Los enfrentamientos dejan un saldo de 14 muertos y el vicepresidente Carlos Mesa retira su apoyo al Presidente.
El 15 de octubre de 2003, otros dos mineros mueren en Patacamaya. El 16, Sánchez de Lozada ofrece realizar un referendo para el gas, pero dice que no renunciará. El 17 de octubre de 2003 renuncia y se va a Estados Unidos, donde recibió asilo político. Jura Carlos Mesa como presidente de la nación.