Después de que el Ministerio Público presentó la acusación formal contra la expresidenta Jeanine Añez por el delito de genocidio, el abogado Jorge Sanstistevan manifestó a EL DIARIO que ese ilícito es inexistente y el proceso es altamente político, además que no cumple con los principios democráticos.

“El delito de genocidio lo cometen milicias armadas descontroladas que operan en un determinado territorio que obedecen a un plan de aniquilamiento o desintegración de una nación o un grupo étnico, incluyendo a las instituciones políticas y sociales, de la cultura, el idioma, los sentimientos nacionales, la religión, y la existencia económica de los grupos de una nación. Intelectualmente puede ser ordenado o dispuesto, por alguien o por un grupo de poder”, dijo.

No obstante, aclaró que la Fiscalía no comprobó que Jeanine Añez o algún militar hubiera ordenado el exterminio de grupos sociales por motivo de raza, religión, política o cualquier motivo dentro del territorio nacional.

Precisó que el genocidio es una figura que se concreta con la ejecución de grupos organizados socialmente, que puedan pertenecer a ciertas etnias o nacionalidades, en este caso, desde ningún punto de vista, la expresidenta, ni los militares hubieran seleccionado el exterminio de grupos de connacionales dentro del territorio boliviano.

“Este delito es completamente forzado de aplicación vaga que no tiene sustento en el derecho, en la jurisprudencia, ni siquiera en la doctrina de la justicia nacional e internacional”, aseguró el jurista.

De acuerdo a la Real Academia Española, genocidio es el “exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”.

ACUSACIÓN

El lunes 23 de octubre de 2023, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que presentaron la acusación formal por los casos Sacaba y Senkata, donde la expresidenta, exministros, exjefes militares y policiales están acusados por el delito de genocidio, por lo que piden 30 años de prisión.

Lanchipa precisó que en el caso Senkata, por los hechos suscitados el 19 de noviembre de 2019, en inmediaciones de la Planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) – Senkata de la ciudad de El Alto, que dejó el saldo de 10 fallecidos por impacto de proyectil de arma de fuego, presentaron más de 700 elementos de diferente índole que sustentan la tesis acusatoria.

“En este caso (se recabó), alrededor de 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación y la recepción de 126 entrevistas, 40 informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas informativas de efectivos policiales, 50 entrevistas informativas a víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros”, dijo Lanchipa.

El funcionario manifestó que en este caso los acusados son Jeanine Añez, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo; el exministro de Defensa, Luis Fernando López; el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; el exjefe de Estado Mayor; el exinspector General de las Fuerzas Armadas; el excomandante de la Armada Boliviana; el excomandante de la Fuerza Aérea; el excomandante del Ejército; el excomandante de la Mecanizada; el exsub Jefe del Departamento Tercero – Logística; el exsub Comandante del Regimiento de Satinadores I – Germán Busch – Challapata; el exsub Comandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia – Yacuiba; el excomandante General de la Policía Boliviana; el excomandante Departamental de La Paz de la Policía Boliviana y el excomandante Regional de la Policía de El Alto.

Asimismo, Lanchipa aseveró que fueron acusadas las personas imputadas por el caso Sacaba en relación a los hechos suscitados el 15 de noviembre de 2019 en inmediaciones del Puente Huayllani, que dio como resultado la el fallecimiento de 10 personas y múltiples heridos, todos, por proyectil de arma de fuego.

“Durante el curso de las investigaciones, se procedió a recibir un total de 180 entrevistas informativas de efectivos militares así como 110 entrevistas de funcionarios policiales, del mismo modo se cuenta con la entrevista de 120 personas civiles que participaron en la marcha, constituyéndose lógicamente en testigos presenciales de los hechos, además de la recopilación de una cantidad considerable de pruebas documentales, entre informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, entre otros que suman 350 literales que serán producidas en el juicio oral, contándose también con 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos de los heridos y 18 dictámenes periciales, entre otros elementos que sustentan la teoría del caso”, sostuvo Lanchipa.

Al respecto, Santistevan advirtió que las pruebas que presenta la Fiscalía son testificales, es decir, “personas que fueron a declarar ha pedido, orientadas a culpabilizar un hecho que no se ha cometido”.

“Los acusados tuvieron que haberse defendido con otros testigos, pero en este caso, el proceso está encaminado a justificar la comisión de un hecho delictivo para favorecerlos políticamente en esta coyuntura actual que vive el país, en una antesala a las primarias. Es una acusación altamente política, la justicia no está cumpliendo con los principios democráticos. En Bolivia hay un sistema dictatorial porque partiendo del concepto democrático que es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo de elegir y controlar a sus gobernantes, pasa lo contrario, los gobernantes están controlando a la sociedad civil a su antojo y la están sometiendo, así como lo hacen con todos los poderes del Estado, principalmente la justicia”, lamentó.

JUSTICIA SIN INDEPENDENCIA

Para Santistevan en Bolivia no hay independencia de poderes, ya que el Órgano Ejecutivo maneja al Órgano Judicial, de acuerdo a los estándares de sus “intereses dictatoriales”.

“El poder judicial en Bolivia es completamente dependiente del Gobierno porque jueces, magistrados y fiscales, son solo cuotas de poder que dependen de una agenda política que tiene tres objetivos: someter a los opositores mediante la judicialización de la política; proteger los hechos ilícitos del partido y los gobernantes, y el tercer objetivo es utilizar la ley para mantenerse en el poder, crean leyes, decretos para acomodar el padrón electoral a su antojo, para coordinar fechas eleccionarias y una serie de ventajas, por ejemplo, la falta de paridad de votos significa una anomalía aberrante para la democracia que solo ocurre y se lo admite en Bolivia”, aseveró.

Advirtió que “el Gobierno está apresurado en emitir sentencias condenatorias antes de las elecciones primarias para dar conformidad a quienes quieren venganza, una masa de correligionarios que quiere vivir y servir en dictadura; eso es el Movimiento al Socialismo (MAS), y por tanto, ese delito que se le atribuye a civiles y militares no cumple con el ordenamiento legal, hay una mala interpretación porque la imputación responde a un plano político y no así a un razonamiento jurídico compatible con los principios de la imparcialidad, respeto y dignidad,”.

INSTANCIA INTERNACIONAL

Por otro lado, Santistevan aseguró que a nivel internacional hay una vía importante para el caso de Añez, porque si son sancionados con la pena de 20 o 30 años de cárcel, ella puede apelar ante una instancia internacional porque debió ser juzgada en un juicio de responsabilidades y no así en la justicia ordinaria.

“Ella no ha perdido la oportunidad de seguir defendiéndose en el plano de la justicia internacional. Además de reclamar justicia por la sentencia que recibió por el caso de supuesto golpe de Estado, a 10 años de cárcel en juicio ordinario”, dijo.

Entretanto, legisladores de Comunidad Ciudadana sostienen que el proceso contra Añez puede “caerse” porque no ha seguido el procedimiento legal correcto.

“No estoy defendiendo a la señora (Jeanine Añez) estoy defendiendo procedimientos, esos procedimientos hace que internacionalmente se caigan (los procesos), puede ser o no culpable, pero si no se cumplen los pasos judiciales esto de aquí a un tiempo en un escenario internacional se puede caer”, declaró el senador Rodrigo Paz a la ANF.

Paz cuestionó a la Asamblea Legislativa porque no tomó conocimiento de estos procesos y que “alguien en un despacho decidió, ‘esto no va al parlamento’”. “Y decidió que se vaya a la justicia ordinaria”, lo que considera que es “incorrecto”.

Los presuntos delitos que pesan en contra de Añez se cometieron cuando ella ejercía las funciones de jefa de Estado. De acuerdo a la Constitución le corresponde ser sometida a un juicio de responsabilidades, argumentan sus abogados.