La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) hizo conocer una contundente posición frente a un acuerdo que otorga más privilegios a los mineros auríferos, rechazando la extracción en áreas protegidas, y piden aplicar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Política del Estado (CPE).

La Contiocap lamenta las concesiones inconstitucionales del Gobierno Central a la presión de 80 mil mineros cooperativistas auríferos, que amedrentaron a la ciudad de La Paz, forzando la consolidación de mayores privilegios para este sector, de manera poco transparente y comprometiendo el patrimonio de todos los bolivianos.

Las demandas del sector minero de pagar un solo impuesto de 4,8 % son totalmente subvencionadas por el país, y va contra el principio constitucional de “capacidad económica”, es decir que se debe tributar de acuerdo a sus capacidades económicas (artículo 323, párrafo I CPE). Pero de forma desproporcionada, ilegítima e ilegal el Gobierno favorece a su aliado político, comprometiendo recursos naturales no renovables y su aprovechamiento para beneficio de tan solo un sector, violando el régimen constitucional de recursos naturales, según el artículo 124, párrafo I, numeral 2 de la CPE, señala la entidad indígena.

El Gobierno privilegia a un sector de la población que está saqueando el oro en las principales cuencas de la Amazonía, con incalculables devastaciones de recursos hídricos, de montañas, deforestación, destrucción de áreas de cultivo de los pueblos indígenas originarios campesinos, destrucción de la biodiversidad, destrucción del patrimonio natural y cultural del pueblo boliviano que son las Áreas Protegidas como el Parque Nacional Madidi, advierte.

El convenio 169 de la OIT y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establecen que los Pueblos Indígenas Originarios tienen el derecho al territorio por derecho pre existente, y estos son indivisibles, inembargables, inalienables e imprescriptibles.

“Por tanto, el Gobierno no puede embargarlos a terceros que amenacen con desplazarnos de nuestros territorios, provocando nuestra desaparición, lo cual promueven estos convenios con los mineros”, advierten.

Las Áreas Protegidas, según el artículo 385 de la Constitución Política del Estado, son patrimonio natural y cultural de todo el pueblo boliviano; por tanto, es inadmisible que un solo sector de la población y las autoridades que coyunturalmente se encuentren en función de gobierno, comprometan con un convenio entre partes, el patrimonio de todos los bolivianos y el de las futuras generaciones.

“Esos funcionarios no tienen potestad para tomar decisiones para el cambio del plan de manejo o de su zonificación como pretenden los mineros y el gobierno, para favorecer entre aliados políticos en función de gobierno, comprometiendo la integridad de las áreas protegidas, corresponde a todos decidir”, señala.

La Contiocap exige que el acuerdo sea declarado nulo de pleno derecho, así como los convenios firmados entre mineros y gobierno por atentar contra los interese del país y los derechos del pueblo.

Para la entidad representante de los pueblos originarios, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), ya no tienen capacidad técnica ni legitimidad para otorgar concesiones y dádivas al sector minero en territorios indígenas originarios y áreas protegidas.

Luego de una accidentada segunda reunión sostenida entre el gobierno y los mineros cooperativistas que explotan oro y que bloquearon la ciudad de La Paz, ambos sectores suscribieron un acta donde se entrega las áreas protegidas de Madidi, Cotapata y Apolobamba a la libre extracción aurífera sin considerar la fragilidad de esos lugares ni los destrozos y contaminación que ello provoca, según el periodista Vladimir Ledezma, publicado en la página https://anabolivia.org/g.

En consecuencia, con la participación de Omar Sharif (viceministro de Medio Ambiente), Teodoro Mamani (director del Sernap) y otros personeros y asesores de las autoridades de gobierno, conjuntamente los representantes de las cooperativas mineras auríferas agrupadas en torno a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz R.L. (FECOMAN), acordaron dar inicio a los Planes de Manejo de PN ANMI MADIDI, PN ANMI COTAPATA Y ANMI APOLOBAMBA, cumpliendo todos los procedimientos y plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes, las mismas serán a petición de las comunidades de las áreas protegidas.