La migración hacia las principales ciudades del país modificará la actual distribución de los recursos que reciben por coparticipación tributaria en los 339 municipios y Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos (GAIOC).

A efectos de facilitar información técnica para un diálogo basado en la objetividad, Fundación Jubileo realizó un ejercicio de la distribución de la coparticipación tributaria con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del Censo 2012 y de las proyecciones de población para el año 2022, además del Presupuesto General del Estado 2022. El análisis no incluye el IDH ni otras fuentes de ingreso municipal.

De acuerdo con los cálculos técnicos, 179 municipios –incluidos los GAIOC- habrían disminuido su población y otros 160 habrían incrementado el número de habitantes.

Esto repercutiría en una redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, punto central del presente análisis, que muestra a 284 municipios y GAIOC con disminución de su asignación presupuestaria y a otros 55 que recibirían mayores recursos.

¿Cómo se distribuye este ingreso?

Del total de los principales impuestos nacionales del país, 75 % se queda en el Gobierno Central, 20 % se redistribuye como coparticipación a los municipios y GAIOC, y otro 5 % se transfiere a las universidades públicas.

De ese 20 %, la distribución a los 339 municipios se realiza de acuerdo con el número de habitantes, dato que se obtiene del censo.

Los municipios y los GAIOC tienen entre sus principales competencias atender las necesidades de la población, principalmente referidas a salud (1er y 2do nivel), saneamiento básico, escuelas, infraestructura urbana y rural, desarrollo económico local, caminos vecinales y otros.

A partir de 2015, el Estado dispone de menos recursos, principalmente por la reducción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, lo que constituye una preocupación, en un escenario en el que los gobiernos subnacionales reducen la inversión.

En el actual contexto de conflictividad del país, es recomendable abrir espacios de diálogo sincero entre todas las partes. Para este propósito, el Gobierno debe contribuir poniendo a disposición de la población información completa, clara, comprensible y oportuna.

A su vez, será fundamental que tanto las autoridades de los gobiernos departamentales, gobiernos municipales, gobiernos autónomos indígena campesinos y dirigentes de las diferentes organizaciones sociales participen en el diálogo con adecuada información, por la gran responsabilidad que tienen frente a la población a la que representan.

En lugar de alentar expresiones de confrontación o amenazas que obstaculizan la búsqueda de soluciones, sería más útil dar respuesta a estas importantes interrogantes: ¿por qué las personas se van de sus regiones?, ¿qué motiva migrar a las metrópolis del país?, ¿el modelo de desarrollo no responde a las necesidades y realidad de la población?, ¿qué estrategias se proponen para que la población no abandone sus regiones y mejore su calidad de vida?

Planificar el desarrollo del país parte de analizar la realidad con objetividad técnica y sincera, con transparencia y acceso a información, porque lo que está en juego en el censo es el futuro de cada habitante del país.

Pero sólo se juega el presupuesto en el censo, sino también mayor representantividad en la Asamblea Legislativa.

Santa Cruz va por la realización del censo en 2023, mientras que el gobierno hace un cálculo político para llevarlo en 2024, cuya decisión recibió críticas, y ahora su militancia y personas contratadas atacan a la región oriental, de acuerdo a opositores y lídres cívicos.

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, observó, en función al crecimiento y peso poblacional intercensal, habría departamentos y provincias que recibirían más recursos por su preponderancia poblacional a nivel nacional, otros perderían, de acuerdo a factores como el crecimiento económico y migración poblacional ocurrida durante estos 10 años.

Por ejemplo. el departamento de La Paz, se estima que reciba un -4,87 % menos de asignación de recursos por coparticipación tributaria respecto al 2012; sin embargo, según datos oficiales del gobierno, el 2021 recibió 2.562 millones de bolivianos, un 7 % menos respecto al 2014.

Se estima, que estos últimos años no se pagó en función al crecimiento y/o peso poblacional departamental, en todo caso fue por lo recaudado en impuestos por el estado nacional y distribuido en menor cuantía por la recesión económica del país a partir del 2014, agregó.