La semana pasada la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que la norma para la reprogramación de créditos, establece la posibilidad de incluir periodos de gracia y otros aspectos necesarios, que faciliten y mejoren la accesibilidad de los prestatarios a soluciones adecuadas a su situación particular y su realidad actual de su capacidad de pago y las perspectivas futuras de sus ingresos.
De acuerdo a Erbol, el secretario general de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Juan Carlos Vargas, informó que las pérdidas económicas son significativas, y algunas unidades productivas tuvieron que cerrar y varios trabajadores perdieron su fuente laboral.
“Queremos un diferimiento ya que se ha parado de manera forzosa. Nuestras ventas se han reducido en un 20% y 25% y no se ha podido cubrir todas las necesidades que tenemos como microempresarios”, aseguró a Erbol.
Según Vargas, alrededor de 5.000 unidades productivas están cerradas y la situación del sector es “muy adversa”, con muy poca posibilidad de que puedan reactivarse. Más de 30.000 trabajadores “están quedando en las calles”.
El dirigente aguarda una respuesta a su solicitud en el transcurso de esta semana “con carácter de urgencia” y esperan que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emita una normativa al respecto.
Espera que el diferimiento bancario sea por lo menos tres meses, periodo en el cual esperan reactivar sus actividades económicas las micro y pequeñas empresas.
Vargas recordó que las mypes reportaron más de 140 millones de dólares de pérdidas directas, solo en Santa Cruz, y de manera indirecta también los productores de otros departamentos se han visto afectados.
Como se recordará, la Autoridad de Supervisión también precisó que la Carta Circular CC-13514/2022 de 11 de noviembre de 2022, establece que la reprogramación tiene alcance nacional y aplica, tanto a los afectados por el paro de actividades en el departamento de Santa Cruz, como a prestatarios impactados por los fenómenos climatológicos (sequías, heladas y lluvias extremas) que están ocurriendo en diversos municipios del país, debiendo aplicarse según las condiciones particulares de cada deudor, en función a la afectación.