El pacto fiscal será otra de las batallas que deberán enfrentar, no sólo Santa Cruz, sino las regiones y municipios, pues se deberá abordar la nueva distribución de los recursos en el marco de la Ley de Autonomías. El Gobierno se queda con el 88% de los recursos y el 12% se destina a las regiones, situación que deberá cambiar, en el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023.

Santa Cruz paro casi todo el mes de octubre para exigir la realización del censo en la presente gestión, debido a que el Gobierno lo postergó para el 2024, sin consensuar. Como se recordará el entonces director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, el 15 de abril de 2021, dijo que el censo se realizaría en 2024, debido a que la recolección de información toma su tiempo, por lo menos 3 años y medio.

Los analistas observan que el Gobierno ya tenía en sus planes realizar el recuento de la población para el segundo semestre de 2024, y a pesar de los compromisos para llevarlo en 2022, no se cumplieron.

Hace unas semanas atrás, el analista económico de la Fundación Jubileo, René Martínez, realizó una evaluación y proyección del censo que se realizaría en 2024, pero mostró cambios que ya se presentaron después de los datos proporcionados en el Censo 2012.

Algunas regiones pelean por más recursos y otros por escaños, pero lo fuerte que se vendrá después del recuento de la población, será el ingreso al debate del Pacto Fiscal, que posterga el gobierno cada año.

La normativa de la Ley de Autonomías indica que el Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el Ministerio de Autonomía y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal.

En un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del Censo, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas que corresponden.

El análisis muestra una caída de la renta por hidrocarburos, es decir de 24.607 millones de bolivianos en 2014 a 8.584 millones en 2021, mientras que para la presente gestión se maneja un leve incremento, a 8.789 millones.

Sin embargo, los recursos por la venta de gas a mercados de Argentina y Brasil todavía están por debajo a lo que se obtuvo en 2013, de más de 6.000 millones de dólares, mientras que a noviembre de 2022 la suma sólo llega a un poco más de 3.000 millones.

Pese al buen momento de los precios del petróleo en el mercado internacional, la recaudación no se incrementa por los bajos volúmenes que se envían a los mercados vecinos, acordados mediante adendas.

Martínez explicó que en Bolivia, los impuestos (incluyendo aranceles por importaciones) son recaudados por entidades dependientes del Gobierno Central.

Solamente los impuestos por la propiedad y transferencia de bienes inmuebles y vehículos automotores son recaudados por las municipalidades y son recursos para su gestión.

Los gobiernos subnacionales son financiados mayormente con transferencias del Gobierno Central.

Según la información de la Fundación Jubileo sobre distribución de recursos, impuestos y regalías y sistemas de coparticipación, el 75% de la recaudación se queda en el gobierno central, los municipios con el 20% y 5% para las universidades, de acuerdo la población.

Entre tanto, el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) se distribuye similar a los tributos recaudados con la diferencia que el 20% se queda con los Gobiernos Departamentales.

En su momento, ante las constantes protestas sociales contra el gobierno y sus autoridades en la sede de gobierno, indicaron que tener el centro del Poder no trae muchos beneficios en materia de desarrollo económico y empresarial, pues las empresas migran a otros departamentos y a países vecinos.

Los hechos de 2003 y 2019 mostraron una imagen negativa de la región, a pesar de tener el potencial económico para su desarrollo, por estar cerca a los puertos del Pacífico, de Chile y Perú.

Entre tanto, Santa Cruz sin ser sede de gobierno logró el despegue de su economía y de la agroindustria, y ahora que se ingresa a un censo para conocer la nueva distribución de recursos, así como de escaños, apunta a convertirse en el principal centro económico del país.

Los líderes políticos y económicos de la región oriental buscan replicar su modelo económico para que el desarrollo llegue a las otras zonas del país, y no depender mucho de los recursos del Estado.

Escenarios

Por otra parte, los escenarios de población y recursos Censo 2012-proyección 2022, según el INE, de acuerdo a la Fundación Jubileo, 179 de 339 municipios disminuirán en población, mientras 160 aumentarían; entre tanto 284 bajarían su coparticipación y solo 55 subirían sus ingresos.

Los datos estiman que 171 municipios tienen menos de 10.000 habitantes y 75 registran menos de 5.000.

En las conclusiones señala el documento que movimientos poblacionales (Tendencias presentadas) se dieron en un momento de grandes disponibilidades de recursos públicos municipales. Ahora caen los recursos y cae la inversión pública, y la viabilidad de municipios pequeños y medianos está en cuestión.

Por ello el Pacto Fiscal será un punto partido para implementar un modelo de descentralización a nivel municipal y de desarrollo, reflexiona la entidad.

La semana pasada, el diputado de oposición José Manuel Ormachea, escribió en su twitter que: «Hemos rechazado el Presupuesto General del Estado 2023 en el Congreso y se logró que no se apruebe. 88% del presupuesto del país estaba destinado a la Plaza Murillo y solo 12% a las regiones. Además, priorizaba Defensa, Presidencia y Gobierno, no salud, educación y justicia».