El proyecto del Presupuesto General del Estado 2023, que no pasó el examen en la asamblea, está alejado de la realidad económica del país, por lo que requiere ajustes, según opinión de economistas.

La Cámara de Diputados rechazó el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para el 2023. Es una buena señal por varios motivos, pero principalmente porque la concepción de ese presupuesto está totalmente fuera de la realidad, según escribió el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia Gabriel Espinoza en su twitter @g_espinoza.

Mientras para el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, preocupa la no aprobación del PGE 2023 que va en contra de varias instituciones públicas de gobiernos departamentales y municipales.

Aseguró que la falta de aprobación pone en riesgo la inversión pública, más ahora, en una situación de sequía en varias regiones del país, con la perforación de pozos.

El proyecto de Presupuesto General del Estado 2023 muestra tendencias similares a las observadas en los presupuestos de los últimos años, según la información disponible, señala la Fundación Jubileo en su análisis del documento titulado Proyecto de Presupuesto General del Estado 2023 sin cambio de rumbo.

Los opositores parlamentarios señalaron que el documento prioriza la centralización de los gastos, mientras la Fundación Milenio sostiene que la mayor parte va para el pago de sueldos y empresas públicas, en desmedro de municipios y gobernaciones.

Análisis

Inicialmente, por el lado de los ingresos, si bien registra un leve incremento de los ingresos tributarios de 5% con relación al presupuesto 2022, aún no se advierte una recuperación de las recaudaciones. Desde 2016, los ingresos tributarios disminuyeron y el nivel previsto en el PGE estaría por debajo incluso del año 2014.

Con relación a los ingresos de la renta de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH y regalías), estos recursos se incrementarían en 11,6% respecto al presupuesto 2022. Sin embargo, la tendencia de estos ingresos no solamente depende de los precios internacionales, sino también de los volúmenes de producción, que han estado disminuyendo en los últimos años, señala el documento.

Las transferencias a gobiernos subnacionales por coparticipación de impuestos y regalías resumen la tendencia de los ingresos en general. De acuerdo con las proyecciones, registrarían un leve incremento de 3,9%.

Con relación a los gastos, se observan dos tendencias, que por cierto se han mostrado los últimos años: por un lado, los gastos corrientes continúan subiendo (en 7,1% con relación al año pasado) y, por otro lado, la inversión pública disminuye, señala Jubileo

Al respecto, si bien se tiene un monto programado de inversión pública de 4.006 millones de dólares, este monto es 20% menor a lo programado en el presupuesto 2022. Habrá que observar la ejecución de la inversión pública que, en general, estuvo por debajo de los niveles programados.

La subvención a hidrocarburos llegaría a 7.642 millones de bolivianos, un 59% más que el año pasado. Como resultado de los ingresos y gastos previstos, el PGE 2023 tiene programado un déficit fiscal de 7,5% del PIB, bastante profundo, al igual que el registrado en los últimos años, lo que refleja la compleja situación por la que atraviesan las finanzas públicas en términos de la sostenibilidad.

Al efecto, nuevamente el presupuesto tiene programado mayor endeudamiento. Entre la deuda programada, el proyecto de Ley del PGE 2023, en su texto, autoriza nuevamente la contratación de deuda a través de títulos valor en mercados de capital externos, conocidos como “bonos soberanos” por un monto de 2.000 millones de dólares. Estos recursos serían para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos, es decir de libre disponibilidad y/o para pagar deuda.

Sin embargo, los economistas señalan que la calificación puesta a Bolivia de B por Estándar & Poors, no garantiza la venta de los bonos, pues los inversionistas lo considerarán “bonos basura”.

Limbert Chuquimia en su twitter @CQLimbert felicita a Lucho. «Felicidades Lucho. Ya tenemos una calificación riesgo país de “B”. No importa la cantidad de bonos que pongas en el mercado, los inversionistas lo considerarán “bonos basura”.

Mientras tanto Jaime Dunn escribió en su twitter @JaimeDunn_ que «S&P Global Ratings redujo la calificación crediticia soberana a largo plazo de Bolivia a ‘B’ desde ‘B+’. Les advierto “B” no significa bueno, bonito y barato. Es nivel de “deuda basura” (junk bond)».

Por su parte, Espinoza señala que «los motivos de la rebaja de calificación pasan por un mal manejo de la política y de la política económica “Standard&Poor’s baja la calificación a Bolivia y complica acceso a crédito externo”.

YPFB

Por otro lado, entre otras determinaciones del proyecto de Ley del Presupuesto, se tiene la autorización para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pueda ceder flujos de caja futuros, lo que también muestra la complicada situación en términos de recursos.

Como se recordará, YPFB hizo uso de recursos del presupuesto del programa de gas domiciliario para la compra de combustibles, gasolina y diésel a precios internacionales, suma que pasó los más de 1.000 millones de dólares en la presente gestión.

Al respecto, Joshua Bellott Sáenz escribió en su twitter @joshuabellott que “titularizar los ingresos futuros de YPFB como fuente de financiamiento del gobierno central, es enajenar los recursos de los Bolivianos, y por supuesto, rifar nuestro futuro. Deberíamos abrirnos a la inversión extranjera directa, especialmente en minería, que mucha falta nos hace».

Jubileo reitera que el Presupuesto 2023 muestra la misma orientación y resultado de las finanzas públicas de años anteriores, esto es, un profundo déficit fiscal y mayor endeudamiento; a su vez, mayor gasto corriente y menor inversión pública.

“Llama la atención que ante esa complicada situación no se estén abordando ajustes o reformas para afrontar este y otros problemas y desafíos que afronta el país, desde el punto de vista económico, que requieren atención urgente”, apunta.