El documento recorre 17 mercados de América Latina y el Caribe, describiendo las normas legislativas vigentes para el tendido de redes de telecomunicaciones, haciendo especial foco en aquellas destinadas a servicios móviles.

5G Americas, organización de la industria compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones, publicó su reporte Infraestructura en Telecomunicaciones: Regulación Comparada en América Latina y El Caribe, en el que se reseñan la normativa relacionada al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en la región.

El relevamiento pone de manifiesto que, pese a los esfuerzos de las autoridades de gobierno a cargo del sector para agilizar el tendido de redes de telecomunicaciones, aún existen altas barreras para los operadores en este sentido.

Los principales obstáculos tienen que ver con las normas de gobiernos municipales y/o locales, que en muchas ocasiones entran en conflicto con las legislaciones y regulaciones de los gobiernos centrales y/o nacionales, y con los extensos plazos contemplados para la resolución de los trámites, señala el estudio.

Esas trabas y dilaciones burocráticas ocasionan atrasos en la expansión de la infraestructura necesaria para prestar servicios, encareciendo los costos de despliegue, demorando la llegada de servicios y nuevas tecnologías a los usuarios, e incluso ocasionando sanciones económicas por incumplimientos de obligaciones y metas de cobertura impuestas a los prestadores de servicios.

El white paper brinda un panorama de las regulaciones existentes en Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad & Tobago y Uruguay, que afectan al desarrollo de las redes de los operadores de telecomunicaciones.

El documento también revisa las medidas de emergencia que se tomaron con motivo de la pandemia del covid-19, que otorgaron a los operadores de telecomunicaciones mayores facilidades para el desarrollo de sus redes. Así como también la vigencia de estas normas y la posibilidad de que sean permanentes.

Entre las principales barreras que se identifican en el reporte se destaca la burocracia de las normas a nivel municipal, e incluso las contradicciones que pueden existir entre las reglas, trámites y procedimientos a distintos niveles de Gobierno.

El reporte también aborda tendencias que existen en el uso compartido de infraestructura. En sus páginas se sugiere la creación de condiciones para que se realice en términos y condiciones recíprocas, privilegiando la voluntad de las partes en acuerdos positivos para el desarrollo de la infraestructura.