El gerente General de la Gestora Pública, Jaime Durán, aseguró ayer en medios estatales, que los recursos que manejará esta entidad a partir de mayo del próximo año, son intocables; y anunció mejorar el rendimiento de las inversiones.

Sin embargo, el pasado fin de semana el economista y docente de la Universidad Católica Boliviana, Gonzalo Chávez, en entrevista con radio Panamericana, dijo que la versión del gobierno sobre el control que realizarán las organizaciones sociales es un saludo a la bandera, pues son afines al partido en función de Gobierno.

Además cuestionó al capital humano que trabaja en la Gestora, que responde a una militancia política y no hay un nivel técnico, ni siquiera experiencia en el manejo de sistemas de pensiones.

Así como los años que demoran en la administración total de los fondos, que van por los 13 años, y de paso perdieron un arbitraje no por la nacionalización, sino por no cumplir los pasos del proceso para manejar los recursos de los trabajadores. La Ley 065 fue promulgada en 2010.

Recordó que en 1993, cuando se creó el nuevo sistema de pensiones, no había fondos, ahora el gobierno recibe 23.000 millones de dólares, de alrededor de 2,5 millones de trabajadores.

Entre tanto, los sectores de salud y del magisterio expresaron su desacuerdo con la Gestora y desconfianza, en manos del gobierno.

Ejemplo

Chávez señaló que la mala administración gubernamental se puede reflejar en la estatal petrolera. Indicó que cuando se nacionaliza el sector hidrocarburos, el gobierno recibió reservas de gas para por lo menos seis generaciones, pero en 15 años el gas se hizo gas.

Antes recibía 6.000 millones de dólares por la venta de gas natural a mercados de Argentina y Brasil, y ahora no pasa los 3.000 millones; debido a que la producción bajó de 60 millones de metros cúbicos por día en 2013 a 40 Mmmcd a la fecha.

«La gestión estatal preocupa mucho», reflexionó e indicó que a pesar de que señalan que hay varios candados, debido a que es un patrimonio autónomo, y protegido por la ley, no prohíbe las inversiones.

Recordó que se pasó de un duopolio a un monopolio de la administración de los recursos de los trabajadores. Se preguntó quién va a controlar?. Mencionó que la regulación a las empresas del Estado no se da, y una muestra es que no se lo hizo a YPFB, debido a que son de la misma familia.

También señaló que las organizaciones sociales no controlan, y una muestra de ello son las Rendiciones de Cuentas que hace el gobierno a todos sus aliados, no hay trnasparencia.

Nueva ley

Por ello plantea una nueva ley de Pensiones para incorporar muchos temas técnicos de transparencia, sobre todo de competencia. «No puede haber un monopolio controlado por el Gobierno de turno», cuestionó.

Sugiere que debería haber dos gestoras una pública y otra privada, que compitan por los recursos de los trabajadores, y el ciudadano podrá decidir por una de ellas de acuerdo a la rentabilidad que registre.

Mientras el Gerente de la Gestora, dijo el pasado viernes que trabajan bajo el amparo de la Constitución, el Articulo 45 numeral II y VI, que establece que la dirección de pensiones está bajo control del estado, pero además establece que estos servicios no pueden ser privatizados, ni una administración mixta.

También señaló que el artículo 6 de la ley 065, establece que los aportes de los trabajadores se constituyen en patrimonios autónomos, quiere decir que estos recursos solo pueden ser utilizados para realizar inversiones y aumentar los fondos de los propios trabajadores.

Desmintió que puedan ser utilizados por el Tesoro General de la Nación o desviados a otros fines.

Aseguró que las AFPs cobran 4 comisiones, la primera a los asegurados, la segunda a los jubilados y pensionistas, la tercera con el fondo de riesgos y la cuarta por la administración del portafolio, pero la Gestora sólo lo hará a los primeros, y dejarán de pagar 1,32%.

Finalmente, el jefe del MNR, Luis Eduardo Siles, sugirió ayer al Presidente Luis Arce dar marcha atrás en la Gestora Pública ante la masiva desconfianza de la clase trabajadora y para evitar que las fuentes de corrupción y desvío de fondos deriven en el surgimiento de un «ejército de Dantes Escobar», tal como ocurrió en el fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap), según Erbol.