Si bien no se abrogó la norma, ahora se trabajará en nuevos artículos para reemplazar a los que afectan a las empresas estatales, de acuerdo a información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La norma establecía que las empresas públicas destinen sus utilidades al Gobierno para que este lo destine a inversión en infraestructura y el pago de los bonos sociales.
El pedido inicial de los mineros de Colquiri era abrogar la norma, sin embargo, no recibió apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB), y por ello la dirigencia observó a los representantes del ente matriz de los trabajadores.
Luego de las consultas realizadas por la dirigencia a las bases, el miércoles se suscribió un acuerdo, y se determinó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, coordinará con la Central Obrera Boliviana (COB) para la instalación de las mesas técnicas para la derogación de artículos del decreto 4786 y el consenso de una nueva norma.
«Estamos enviando una nota a la COB, que es el ente matriz de los trabajadores, para empezar a coordinar el cronograma para estas mesas técnicas que permitan elaborar una nueva normativa de consenso», destacó ayer el titular del área, Marcelo Montenegro.
Montenegro aclaró que la nueva normativa garantizará que las empresas estatales cumplan con la función de redistribución del ingreso.
El acuerdo arribado consta de cuatro puntos, el primero se refiere a que los trabajadores reconocen la importancia del aporte que hacen las empresas estatales en la política social de los bonos.
El segundo establece que se realizará una revisión consensuada de los artículos observados para derogarlos y elaborar un nuevo decreto que permita a las empresas estatales (del sector) cumplir con la función social.