El 25 de noviembre de 2022 se cumplió el plazo de detención preventiva del coronel del Ejército, Héctor Pérez, quien fue imputado por cumplir una orden del exmi-nistro de Defensa, Luis Fernando López, de traer agentes químicos desde Ecuador durante los con-flictos de 2019. Esta es la segunda Navidad que el militar, que se en-cuentra en una “detención ilegal”, pasa alejado de su familia.

El abogado Jorge Valda que asesora a la Asamblea Permanen-te de Derechos Humanos de Bo-livia (Apdhb), explicó a EL DIA-RIO que cuando vence el plazo de la detención preventiva y el impu-tado continúa detenido, el hecho se torna en “arbitrario”.

“La detención se considera ar-bitraria después que ya ha vencido el plazo y aun así la persona con-tinúa con detención, es una deten-ción ilegal”, precisó.

El 18 de noviembre de 2021, Pérez fue imputado por los presun-tos delitos de tráfico ilícito de ar-mas, porte o portación y uso de ar-mas no convencionales, además de incumplimiento de deberes. Desde esa fecha guarda detención preven-tiva en el penal de San Pedro de La Paz, medida que ya fue ampliada en dos oportunidades. La fecha de la última ampliación se cumplió el 25 de noviembre de 2022.

En criterio de Valda, la de-tención preventiva de todos los denominados “perseguidos políti-cos”, que incluye a Pérez, superó el plazo establecido por ley, de seis meses ya que la gran mayoría, sino todos, llevan un año o más de encarcelamiento sin que concluya la investigación del Ministerio Pú-blico, extremo al que calificó como un “verdadero flagelo” en un Esta-do democrático.

El jurista precisó que el límite de la detención preventiva es de seis meses, tiempo establecido en la Ley 1173 de Abreviación Pro-cesal Penal.

“Los fiscales deberían con-cluir la investigación dentro de ese tiempo, pero no lo hacen y, al contrario, siguen pidiendo amplia-ciones de los plazos de detención, algo que aceptan los jueces de tur-no”, lamentó.

La Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal establece que la detención preventiva será limitada por seis meses para que el Minis-terio Público realice procedimien-tos investigativos. En caso de ser necesario, podrán solicitar la am-pliación de la detención preventiva del imputado por seis meses más, previa justificación.

Asimismo, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab), Oscar Vargas, en entre-vistas anteriores advirtió la exis-tencia de “juristas del horror” que se prestan a aplicar detenciones prolongadas en contra de la ley solo por sumisión al poder políti-co de turno.

UN DELITO QUE NO COMETIÓ

En entrevista anterior con EL DIARIO, el abogado Rómulo Estí-variz, que patrocina al militar, ma-nifestó que las investigaciones del caso no avanzan.

“Es una flojera del Ministerio Público de avanzar en las diligen-cias de investigación, es una falta de seriedad de la Procuraduría de no hacer el seguimiento de los me-moriales que presenta, y esa flojera hace que una persona inocente esté hasta ahora detenida, consecuente-mente el abandono de su familia, trabajo, de los ingresos que él pue-de generar para sostener a su fami-lia. Sus dos hijas van al colegio y una a la universidad y él no puede sustentarlas, porque lo mantienen detenido por un hecho en el que él no es el partícipe”, lamentó el jurista.

Estívariz manifestó que la de-tención de su patrocinado es ilegal ya que él no tuvo participación di-recta en el hecho porque su rango no se lo permitía.

“Él es un servidor de las Fuer-zas Armadas (FFAA) que ha cumplido una orden de ir a reco-ger para verificar la entrega de los gases, él no ha manipulado, no ha cargado ni lanzado ni uno solo de los gases que han traído del Ecua-dor, él solo fue en cumplimiento de una orden”, dijo.

Aclaró que de acuerdo a la Constitución Política de Estado (CPE) los militares no deliberan y que las órdenes son acatadas de manera vertical y a su patrocinado le ordenaron ir a recoger el mate-rial antidisturbios.

“Llegó a una zona militar de donde despegó el avión hércules, de zona militar a zona militar ecuatoriana donde le entregaron gases lacrimógenos y lo único que él hizo fue recibirlos en zona mili-tar y los trajo del Ecuador a zona militar donde los entregó, por lo tanto él está sujeto a las leyes mi-litares si es que hubiera habido algún delito”, precisó.

Asimismo aclaró que las in-vestigaciones respecto a su patro-cinado ya terminaron, por lo que no corresponde la ampliación a su detención preventiva.

“Se demostró que él jamás fir-mó un contrato, ni realizó alguna negociación internacional respecto al préstamo de gases porque eso se hace de Gobierno a Gobierno. Él solo actuó como mandadero, ja-más efectuó pedido alguno porque su rango no le facultaba”, dijo.

En ese marco advirtió que en este caso la justicia está manejada políticamente, donde ni siquie-ra respetan el rango que tiene su cliente.

EL HECHO

De acuerdo al relato de Pérez, el 15 de noviembre de 2019, reci-bió una llamada en la que le ins-truían presentarse ante el ministro de Defensa, lo más antes posible. La autoridad se encontraba en Pa-lacio de Gobierno, en reunión de gabinete.

“Cuando salió un momento de la reunión me dijo que espera-ra disposiciones, cuando terminó la reunión entre las 10 y 10:30 aproximadamente, me llamó el ministro y me dijo que Ecuador estaba prestando gases lacrimó-genos y que debía trasladarme en un avión hércules para verificar la cantidad de gases que nos estaba prestando”, relató en anterior en-trevista con este medio.

El mismo 15 de noviembre, él y otros funcionarios, fueron tras-ladados al hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto en el helicóptero presidencial. Entre las 17:00 y 18:00 horas despegó el avión hércules cuya tripulación fue el piloto, copiloto, navegante, tres técnicos del hércules, un mayor de la Policía y Pérez.

Llegaron a Ecuador la madru-gada del 16 de noviembre donde

Según experta

personeros de la Policía los espe-raban. Hicieron las presentaciones de rigor y posteriormente ingresa-ron vehículos con los gases lacri-mógenos que deberían cargar al avión para trasladarlos a Bolivia.

“De acuerdo al acta de en-trega y recepción que entregó en Ecuador se cargaron 5.000 gases lacrimógenos de mano GL–302; 2.389 proyectiles propulsores de largo alcance calibre 37mm; 560 proyectiles propulsores de corto alcance calibre 37mm; 500 gra-nadas de sonido y destello para exteriores. En ningún momento se cargó armamento o munición letal de guerra, estos calibres de cor-to y largo alcance son propulsores para lanzar gases a mayor o menor distancia, no es munición para dar de baja o para afectar físicamente a alguien. Son propulsores que se ponen a la escopeta Mossberg y esa munición impulsa los gases para que lleguen ya sea a una dis-tancia de 100 metros o 300 y 350 metros que es la máxima”, aclaró.

Una vez que el material fue cargado al avión hércules, los uni-formados iniciaron el retorno entre las 8:00 y 9:00 horas aproximada-mente y llegaron a El Alto al pro-mediar las 16:30 y 17:00 horas.

“Llamé al ministro para darle el parte y me dijo que lo llamara al Comandante del Ejército, general Iván Inchauste, quien me ordenó que entregue todo el material al coronel José Pinaya quien era el encargado de material Bélico del Ejército”, recordó.

Pérez aclaró que en Bolivia no se hizo un acta de entrega y recep-ción ya que se usó el firmado en Ecuador.

A tiempo de aclarar que nunca fungió como ayudante del exmi-nistro López, Pérez manifestó que recibió una orden verbal del minis-tro y el que escuchó la misma es el edecán de la exautoridad.