La dirigencia del magisterio indica que el Sedem se está convirtiendo en un nuevo Fondo Indígena, reportan los medios locales al informar que el dirigente del Magisterio Urbano de La Paz anuncia una movilización para hoy en apoyo a la demanda de la implementación de una billetera móvil para el subsidio de lactancia.
La determinación la tomaron el lunes pasado en una asamblea. El sector considera que el beneficio social viene de las luchas de los trabajadores, y que el subsidio prenatal y de lactancia es parte del salario, y no es un favor político de ningún gobierno.
Lamentaron que la corrupción campea en todas las entidades públicas, y el Sedem no es la excepción, y no permitirán un «asalto», indicaron los representantes del sector.
«Hasta cuando la Central Obrera Boliviana (COB) y las regionales saldrán en defensa de los trabajadores, sabiendo que los beneficios son de los trabajadores», indicaron a tiempo de señalar que en donde pone la mano el Gobierno, las empresas son deficitarias y corruptas, y por ello saldrán a las calles a exigir la billetera móvil para que las familias decidan la compra de sus productos.
Descartan
La semana pasada, el Gobierno desestimó el uso de la billetera móvil en la cadena de distribución del Subsidio Prenatal y de Lactancia, que tiene a su cargo el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), a través de sus 40 centros de distribución y 700 brigadas móviles, a nivel nacional.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, dijo que en el marco de la política social de los susbsidios, el Gobierno tiene que ser responsable en el cumplimiento de la normativa y procedimientos para el servicio de distribución del paquete de alimentos que son determinados en un listado por el Ministerio de Salud, según parámetros técnicos nutricionales requeridos, para los Subsidios Prenatal, de Lactancia y Universal Prenatal por la Vida, mediante resolución expresa.
Sin embargo, las madres de familia que salieron a las calles, la semana pasada, exigieron dinero en efectivo, debido a que los recursos les pertenecen y no es del Gobierno, ya que el sobre precio implementado reduce la oferta de los productos del subsidio.
Había versiones de que de los 2000 bolivianos que corresponden al subsidio, solo compran un valor de 800 Bs y de 1.200 desconocen su destino.
Las denuncias de sobre precio en algunos casos alcanzaban a 50 % sobre algunos productos, y en otros 20 %.