Tras un diálogo entre soyeros y el Gobierno, se decidió levantar el veto de exportación al grano, no obstante la restricción se mantiene para el azúcar y la carne, los sectores lamentan la decisión, pues se pone en riesgo empleos y contratos que tienen con mercados del exterior, que tanto costó abrir.

Un pronunciamiento de la Cámara Departamental de Exportación de Santa Cruz (Cadex) y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) el jueves expresaron su rechazo sobre la prohibición de exportación de seis productos agrícolas, establecidos por el Gobierno el miércoles pasado, con el pretexto de seguridad alimentaria.

“No genera la prevención del desabastecimiento de alimentos estratégicos porque hay suficiente excedente para cubrir el mercado interno”, aseguraron ambas entidades a tiempo de indicar que los sectores soyero, cárnico y azucarero generan 150 mil, 300 mil y 225 mil empleos directos e indirectos respectivamente.

Además alertaron que la decisión gubernamental tiende a mermar las divisas que para Bolivia generan los sectores exportadores afectados por la medida.

El sector del transporte internacional también se ve afectado, porque reduce la cantidad de viajes a las fronteras que al año suman alrededor de 112 mil, lo que equivale a más de 400 viajes diarios.

«La medida que puso en vigencia el Gobierno Nacional, de suspender las exportaciones de soya, azúcar y carne, no es adecuada y no responde a la prevención de abastecimiento del mercado interno», aseveró Oswaldo Barriga presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX).

Mientras tanto, ayer la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), rechazó la suspensión de exportaciones y aclara que abastece al mercado interno con solo el 20 % de su producción y solicitaron revertir la decisión «injusta», para no perjudicar a toda una cadena que se dedica a producir alimentos para el país.

Además repudió la amenaza de toma de propiedades agrícolas por personas que se identificaron como interculturales de San Julián, rechazan «cualquier intento de toma de propiedades agropecuarias», exigen que los órganos del Estado precautelen y garanticen el derecho de propiedad, el derecho a la vida y al trabajo de los agricultores de la ciudad de Santa Cruz.

Acuerdo

Entretanto, se informó que el Gobierno levantó el veto de exportación a los productos que son parte del complejo soyero tras un acuerdo firmado entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), medida que se concretará una vez se verifique del abastecimiento al mercado interno.

Sin embargo, el ministro responsable de dicha cartera de Estado, Néstor Huanca, no hizo referencia la liberación del veto para el sector cárnico y azucarero, para quienes también se suspendió las exportaciones hasta que se restituyan las condiciones del normal abastecimiento a la población boliviana, tomando en cuenta los bloqueos que se registran en las carreteras del departamento cruceño.

San Buenaventura no tendría capacidad para abastecer de azúcar el mercado nacional y departamental, por tanto, sólo se observa el producto en las raciones que otorgan a las unidades policiales y a otros, no así para la venta.

En el inicio de operaciones los expertos lamentaron que el ingenio Azucarero San Buenaventura (ESBA) no tenga la suficiente materia prima para la producción, ya que se tendría que utilizar toda su infraestructura en la elaboración del endulzante. Ante esa realidad, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, en compañía de un equipo técnico, visitó la Empresa Azucarera San Buenaventura, con el objetivo de evaluar la capacidad productiva de esta empresa pública y abastecer de este producto de primera necesidad a los mercados del país.

Compromiso

Entretanto, la Caniob se compromete a la producción y abastecimiento de soya y sus derivados para el sector pecuario y para la población, según el documento firmado, en el que también se establece que el sector privado deberá gestionar que los sectores movilizados en Santa Cruz darán vía libre para el transporte de la producción del complejo soyero, señala una nota de Unitel.

De parte del Gobierno, se restablecerá la vigencia de los certificados de abastecimiento interno a precio justo y así dar paso a que la producción salga al exterior, tras un veto que duró menos de 48 horas y que generó malestar entre los actores del sector privado.

El jueves también el sector ganadero rechazó la prohibición, y argumentó que la oferta cubre la demanda local, y por ello se envía el excedente al mercado internacional.