Termina el año con un Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 a favor del Gobierno y en contra de las regiones, así como de algunos sectores, como Educación y Salud, debido a que no se observa un aumento significativo en sus partidas a comparación de la pasada gestión. Mientras se destinan recursos para organizaciones sociales, que no son nada productivas.

A pesar de que el Gobierno asegura que destina recursos importantes para educación y salud, un análisis del Presupuesto General del estado (PGE) 2023 muestra que para ambos sectores no hay una variación significativa.

El análisis realizado por el presidente de Economistas de Tarija, Fernando Romero, sobre el PGE 2023 muestra que la economía no está tan bien como la quiere mostrar el Gobierno, cuyo argumento apunta al registro de una baja inflación, cuya acción tiene su costo, no sólo estatal, sino también privado, pues los productores no pueden elevar su precios por el control gubernamental, a pesar del alza de los insumos y también por el contrabando.

«Si se compara con los datos del PGE 2022, no se observa variaciones significativas, solo aumentó en los totales de los presupuestos, donde el Estado Central sigue siendo el principal agente económico del país», apuntó.

Para Romero el PGE 2023 muestra metas macroeconómicas más racionales, o cautas al menos, en comparación con años precedentes, tales como un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,86%, inferior al 5,1% estimado para esta gestión, una inflación proyectada del 3,57%, no muy lejana al 3,3% establecida para este año, sin embargo, se observa un decrecimiento del 20,1% en su meta de inversión pública para el 2023, con un monto de 4.006 millones de dólares.

Entretanto, el Gobierno perfila mantener la estabilidad económica, una inflación controlada, cuya subvención bordea los 1.500 millones de dólares, pero también con énfasis en los proyectos de industrialización con sustitución de importaciones.

«El 2023 es un año para seguir reconstruyendo la economía con una tasa de crecimiento positivo, estabilidad de precios y un modelo que irá sustituyendo las importaciones gradualmente para generar un sector productivo con industrialización en química básica, industria farmacéutica» y muchos proyectos productivos», remarcó hace unas semanas atrás el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

Déficit

Si bien el déficit fiscal que se plantea para el 2023 es del -7,49%, menor al -8,5% de este PGE 2022, se explica, entre tantas razones, que, al tener una menor inversión pública, esto producirá directamente un menor gasto público, por ende un menor déficit público en el país, claro al costo de una menor demanda interna y un crecimiento económico nacional más reducido; pero todo dependerá si es que no se incrementa el gasto público en otras partidas, sostuvo el economista.

«Claro ejemplo es lo que ocurrió este año con el incremento en el costo de la importación y subvención de carburantes, a causa de la guerra en Europa, de hecho, el 2022 se tenía presupuestado 4.794,6 millones de bolivianos para este efecto, sin embargo, el mismo se quedó corto ante el incremento del precio del petróleo, que superó los 100 dólares por barril de petróleo (BDP), ahora el presupuesto crecerá el 2023, en 59,4%, es decir a 7.642 millones, considerando que el año pasado el PGE 2022 se basó sobre un precio del petróleo por barril de 50,47 dólares, ahora, para el año próximo, se está estimando un precio promedio de 71,9», explica Romero.

Los PGE agregado y consolidado crecieron en un 4,3 y 3,8% respecto al 2022, pero se observa que no hubo, en términos porcentuales, mucha variación en la asignación presupuestaria a educación y salud (10,8% y 10,1%), son prácticamente lo mismo en relación con el 2022, pero el gasto de «Gobierno» subió a 2,2% y Defensa bajo a 1,8%, modificaciones muy pequeñas.

A lo que se refiere inversión pública, respecto al 2022, los sectores multisectorial, productivo e infraestructura tendrán menos recursos, el único que aumento fue el «social» de 862 a 1.024 millones de bolivianos (de 17,2% a 26%); sin embargo, aunque se proyecte una menor inversión pública, el gobierno destinará un 42% para el sector productivo, un porcentaje similar que el 2022, pero en menor monto (- 21,5%), sostiene.

«Del presupuesto consolidado de ingresos, el 55% lo absorbe los órganos de Estado, el 33% las empresas estatales y el 15 % los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, universidades públicas, entidades descentralizadas y otros; respecto al presupuesto consolidado de gastos, con los mismos actores, el primero consume un 34,5%, el segundo 31,8% y los «otros» (municipios, gobernaciones, universidades, etc.) un 33,7%. En palabras sencillas, de los 243.950 millones de bolivianos del Presupuesto Consolidado, el gobierno nacional se queda con el 85% de los ingresos y gasta el 66% del mismo, esto sin tomar en cuenta a las entidades descentralizadas, si así fuera el caso, la participación del estado central, en el PGE, sería alrededor «del 90% en ingresos y 80% en gastos», centralismo puro, afirma Romero.

Mientras el economista Antonio Saravia en su tiwtter @tufisaravia escribió, con relación al anuncio del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, sobre el giro que pretenden en la relación con los empresarios, «veré un giro cuando el gobierno deje de gastarse el 83% del PIB, cuando deje de imponer controles de precio y cupos de exportación, cuando despida a la mitad de empleados públicos, cuando otorgue seguridad jurídica… mientras tanto, solo lírica…».

El Senador Rodrigo Paz, en su momento, señaló que el Gobierno concentra el 85% de los recursos y destina el restante 15% para las gobernaciones y municipios, cuya afirmación negó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

«La mayoría de los recursos se distribuyen a lo largo y ancho del país. Hay una relación y yo diría más bien de un 75/25, que es 75 que se va a todas las partes del país en términos de proyectos, subvención, pago a servicios de médicos, maestros, la distribución y transferencias a universidades, a municipios, a gobernaciones», aclaró el Ministro.

Recursos para organizaciones sociales

Después de la aprobación del PGE 2023, en la Asamblea Legislativa, varios medios de comunicación informaron que el Ministerio de la Presidencia presupuestó 6,1 millones de bolivianos para coordinación con movimientos sociales.

Esa información fue cuestionada por la oposición, debido a que el sector no es nada productivo, y más bien apoyaron en que los recursos vayan a presupuestos de educación y salud.

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 prevé 6.117.731 bolivianos para «Política de coordinación con movimientos sociales». Es una asignación presupuestaria del Ministerio de la Presidencia, señala un texto de paginasiete.

Los ítems que contiene esa categoría programática son: Apoyo a coordinación con movimientos sociales, con un presupuesto de 5.285.729 bolivianos; coordinación con movimientos sociales y sociedad civil, con un monto de 177.978 bolivianos presupuestados; y secretaría técnica ayllus en paz, con un presupuesto de 654.024 bolivianos, señala el medio.