Camacho dijo que las condiciones nacionales e internacionales adversas, no justifican el incremento salarial solicitado por la Central Obrera Boliviana (COB), de 10 % al mínimo nacional y 7 % al básico.

En 2021 se experimentó una tasa de recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) de 6,11 %, cuando en 2020 la economía se contrajo en -8,83 %, es decir, la economía y, por ende, las empresas en el país aún no alcanzan el nivel de actividad económica registrado en 2019 y se encuentran en recesión, señaló.

Por ello dijo que no se puede hablar de crecimiento económico, cuando aún se está empezando a recuperar, que está lenta, y el Gobierno así como la COB, deberían preocuparse.

En su momento, dirigentes sindicales plantearon que la empresa debería ser la preocupación del Gobierno y los trabajadores, y que un pacto social, a través de una reunión tripartita, establecería los roles y aportes de cada uno para reactivar la economía, y en la que todos cederían.

El incremento salarial generará un efecto negativo de ralentización y postergación de la reactivación de la economía, ubicando a las empresas en una delicada situación de mayor iliquidez y riesgo de insolvencia.

El impacto del covid-19 ha sido desigual a nivel de cada uno de los departamentos y rubros industriales. Algunos departamentos se encuentran experimentando varios años de contracción económica. Por ejemplo, las industrias en los departamentos de Tarija y Chuquisaca son los más afectados por la recesión.

«Las empresas aún no salen de los efectos adversos de la pandemia del covid–19 y la crisis de suministros internacionales (crisis de contenedores) que encarecen los costos de la materia prima e insumos industriales y ahora se encuentran con los efectos negativos de la invasión de Rusia a Ucrania sobre los costos de importación de insumos, materias primas y bienes de capital. En este contexto, un incremento salarial ahondará la crítica situación de las industrias, más aún de las medianas, pequeñas y micro unidades productivas», reflexionó.

Recordó que en 2021 se registró una tasa de inflación de 0,9 % y en 2020 de 0,67 %, lo cual significa que se mantuvo estable la capacidad adquisitiva del salario en los dos últimos años, y que el Salario Mínimo Nacional de Bolivia es el quinto más alto entre 10 países de Sudamérica. «Un incremento salarial aumentará los costos de producción en Bolivia generando una mayor pérdida de productividad y competitividad de la producción nacional respecto de los países vecinos, impulsando las importaciones», advirtió.

Por ello, dijo que el incremento salarial solo aumentará el empleo informal y precario, que no aporta con impuestos al Estado y no generan empleo con seguridad social de corto (salud) y largo plazo (jubilación). Solo el 14 % de la población ocupada en el país reciben el incremento salarial que acuerden el sector público y la COB.

«Por cada punto de incremento salarial se pierde alrededor de 10 mil empleos en Bolivia», señaló a tiempo de resaltar que el sector industrial está comprometido con la reanimación económica para generar inversión, producción y empleo formal y reafirma su vocación de contribuir al crecimiento y desarrollo nacional.

En este contexto, los industriales demandan al Gobierno Nacional diálogo tripartito para analizar el tema salarial en Bolivia en el marco de la aplicación de Normas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el Convenio N° 131 relativo a la fijación del salario entre Gobierno, trabajadores y empleadores.

Mientras tanto, el Gobierno y la COB ya desarrollan diálogo a través de mesas de trabajo para fijar el incremento salarial.