Como se recordará Bolivia y Alemania suscribieron el 12 de diciembre en Berlín, la empresa mixta YLB y ACI Systems. El join venture planteaba que el país otorgaba la materia prima y la alemana la tecnología para la fabricación de baterías de litio.

Aunque en esas fechas, llegar a la fabricación de baterías todavía no estaba en la mente de los inversores, pues la mirada estaba en la venta de la materia prima para la elaboración de las mismas en mercado europeo y latinoamericano.

Sin embargo, en noviembre de 2019, antes de renunciar Evo Morales por el fraude electoral de octubre, anuló el contrato ante la presión del departamento de Potosí, pues sentían que fueron engañados por las autoridades al no dar la información correcta sobre el contrato.

Sin embargo, en el departamento de Potosí, donde se encuentra el lago salado, hubo protestas contra el proyecto. Los críticos advirtieron contra el daño ambiental y se quejaron de que las regalías de la compañía eran demasiado bajas, reporto DPA, en ese entonces, según energypress.com.bo/

Para la página del medio digital alemán dw.com, la corrupción, errores de planificación y la crisis política han frenado a la industria del litio en Bolivia.

«El acuerdo del litio con Alemania era desventajoso para Bolivia», opinó el economista y expresidente del conglomerado estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Zuleta, en entrevista con DW, en febrero de 2020.

En esa entrevista explicaba que Bolivia, en 2019, había alcanzado una producción de 400 toneladas al año, con una planta piloto de capacidad total de 480 toneladas. Es un esfuerzo muy limitado. El proyecto se encomendó a personas que no tenían conocimiento ni experiencia. Se usó tecnología inapropiada para las condiciones climáticas del Salar de Uyuni [donde están las reservas de litio de Bolivia], con tasas de evaporación relativamente bajas comparadas, por ejemplo, con el Salar de Atacama [en Chile]. Y, además, nuestros yacimientos tienen una concentración promedio de litio y alto contenido de magnesio.

Además, reflexionaba que “de acuerdo a la ley 535 de minería se estableció en 2014 que las dos primeras fases del proyecto tenían que ser 100% estatales. Solamente en la tercera fase de la industrialización se podría incluir a una empresa internacional”. Esa condicionante ha sido complicada porque no ha permitido recurrir a empresas internacionales en las primeras fases. Yo puse mis reparos a esa lógica. No tenía sentido, porque era minería no tradicional, n tema muy complejo, en el cual la empresa boliviana estatal no tenía experiencia alguna.

La historia se repite

Ahora el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) se declaró en emergencia por firma de convenio entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino CBC (CATL, Brump & CMOC) para instalar dos complejos industriales en los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro), para explota el litio bajo la tecnología EDL (Extracción Directa de Litio).

La dirigente de Comcipo, Roxana Grass, señaló que este convenio no fue socializado a la ciudadanía potosina, ni a sus organizaciones y autoridades, por lo que anunció que el directorio cívico se reunirá de emergencia para posteriormente convocar a Consejo Consultivo donde se tomarán una serie de determinaciones.

“Hemos preguntado a nuestras autoridades en senadores y diputados y ellos no conocen nada al respecto y en caso fuera cierto lo que se maneja extraoficialmente sobre una firma a 50 años, entonces Potosí se declara en Estado de emergencia y convocamos a las organizaciones para definir movilizaciones”, sostuvo Grass en contacto con Fides Potosí.