Las empresas públicas del nivel central y en las que el Estado tenga mayoría accionaria deberán transferir al Tesoro General de la Nación (TGN) parte de sus utilidades netas o dividendos, para financiar proyectos de inversión y/o programas de interés social.
La disposición aprobada está contenida en el decreto 4783. El Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (COSEEP) será la instancia que determinará los márgenes de utilidades netas o dividendos de cada gestión a ser transferidos, previa evaluación del plan de negocios, sostenibilidad financiera, rentabilidad, entre otros factores.
Un plazo de 20 días, a partir de la conclusión del trabajo del COSEEP, corre para que las empresas hagan las transferencias de recursos económicos, en el marco de su responsabilidad social corporativa y la política de distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos.
No obstante, el decreto determina que «de ser necesario», se autoriza al Ministerio de Economía transferir al TGN los recursos provenientes de la transferencia de recursos 55.000.000 bolivianos «de forma mensual y los recursos provenientes de las multas impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a favor de las Entidades Ejecutoras de proyectos de inversión y/o programas de interés social y al FRUV», según ABI.
En el decreto se aclaró que «los programas de interés social comprenden los bonos que se efectivizan a través de transferencias públicas privadas y el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV)».
Ya los economistas indicaron que los fondos para los pagos de bonos sociales, así como de la Renta Dignidad estaban en caída, aunque el gobierno indicó que la situación está estable y s garantiza el pago.
Sin embargo, las decisiones estatales para aumentar los recursos del Estado señalan la escasez de recursos por parte del Gobierno, y ya Gonzalo Chávez dijo en sus redes sociales que están «raspando las ollas», en materia de fondos. ABI y el diario