“Nuestro sector ha crecido en los 15 años que ha gobernado el MAS; antes éramos un millón y medio, ahora somos más de dos millones. Con la incorporación de 300 mil compañeros que venden autos documentados ya somos casi tres millones”, afirmó a Brújula Digital.

El dirigente gremial dejó en claro que este sector rechazó todo el texto del proyecto de Ley 249 denominado «para proteger, regular y garantizar las actividades desarrolladas por las y los trabajadores gremiales por cuenta propia en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional”, y no solo el artículo 11, el que fue suprimido antes de ser aprobado en grande y en detalle por la Cámara de Diputados.

“En tres ampliados consecutivos hemos rechazado toda la ley, no solo el artículo 11. Y lo que ha pasado es que mientras en la Cámara de Diputados una parte (de los asambleístas) aprobaba el proyecto de Ley 249 sin el artículo 11, otros estaban reunidos con otros sectores (paralelos) también en audiencia pública”, señaló.

Figueroa anunció que presentarán al Legislativo un paquete de leyes a favor del sector, además de protestas unificadas con otros sectores, como el de salud, que también anunció marchas en defensa de la profesión y en contra de la persecución política a través de la judicialización a dirigentes.

En análisis del investigador Pablo Villegas, desde el punto de vista de la eficiencia y la economía de los recursos que debía pretender la Aduana, la persecución a los pequeños gremiales es irracional, ya que el Estado debería concentrarse en los grandes contrabandistas en la frontera.

“El resultado del proyecto de ley sería que la represión al contrabando caería sobre los pequeños comerciantes. Esta interpretación, a mi juicio, no tiene que ver solamente con el texto del proyecto, sino con lo que ya es práctica; y, que la práctica se convierta en ley es característico de la normativa masista”, dijo.

El cuestionado artículo 11 –que fue eliminado del proyecto de ley- establecía que la Aduana Nacional realizará las funciones de vigilancia y control aduanero a las personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista y el tránsito de mercancías en zona secundaria conforme a normativa vigente, considerando los derechos de las y los comerciantes minoristas vivanderos y artesanos.

Este texto aparentemente inocente, como declararon los gremiales contradice y pretende modificar la Ley de Aduanas del 99 que impide operaciones en el área secundaria.

Villegas menciona que bajo el rótulo de derechos (artículo 4), se establecen los siguientes: al trabajo, a la participación y al debido proceso, los cuales sobra mencionarlos porque son los derechos de todos y no tienen nada de específico para los gremiales.

En el plano específico, se reconoce a los gremiales: el derecho al ejercicio pacífico de su actividad económica autorizada, a la comercialización de mercancías lícitas, al transporte de mercancías lícitas en todo el territorio, entre otros.

“Si vemos lo de mercancías lícitas, en los dos últimos incisos, se trata de una obligación impuesta a los gremiales de hacer de policías averiguando si las mercancías tienen origen lícito, cosa que debían hacer las instituciones indicadas por ley, en la frontera”, observa.

En cuanto al “derecho al ejercicio pacífico”, advierte que “abre las puertas a la acusación fácil del ejercicio de violencia verbal” o de actitud o de cualquier otro tipo, con lo que se reintroduce de manera velada la figura arbitraria del “desacato” que ha sido excluido de la legislación, gracias a organismos internacionales.

Al respecto, Francisco Figueroa, afirma que para el Gobierno será “violento” todo lo que signifique movilización del sector gremial. Sin embargo duda que persiga a los dirigentes de este sector como a los políticos opositores. “El Gobierno sabe a quién perseguir”, dice de manera jocosa.

“¿Cuál es el beneficio de establecer estos derechos, que en realidad son obligaciones?”, cuestiona el investigador Villegas e inmediatamente cita el artículo quinto del proyecto de Ley 249 que señala: “Cumplir con las obligaciones tributarias…”, lo que coincide en sus análisis, con el objetivo del paquete legislativo frustrado el año pasado.

Las obligaciones citadas estarían enmarcadas en la normativa vigente. “Ese tipo de frases es una característica de la legislación masista”, afirma, y cuestiona luego ¿cuál es esa normativa vigente?

“De la comparación anterior queda claro que se ha redactado el nuevo texto quitando la precisión existente en la ley actual (…). Como han denunciado los gremiales, el resultado del proyecto de ley sería que la represión al contrabando caería sobre los pequeños comerciantes”, sostiene.

MÁS CONTRABANDO

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, informó que el año 1999 se estimó que el contrabando llegó a $us1.000 millones y que para el 2020 superó los $us 3.000 millones. Entre 2017 y 2018 la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) estimó el impacto del contrabando en $us 2.213 millones.

“Mientras que el contrabando hormiga subió de 533 millones en 2014 a más de 1.000 millones de dólares en 2020”; sostuvo.

Los industriales estiman que anualmente el contrabando representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB). “Si llegase a eliminarse, el PIB tendría un crecimiento interanual adicional de entre 0,7% y 1,2%”, mencionó. Solo por la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transferencias (IT) el Estado deja de recaudar más de $us 336 millones.

En cuando al impacto en el empleo formal, el contrabando pone en riesgo alrededor de 600 mil fuentes de empleo en el sector industrial. “Más de 36 mil industrias en Bolivia están afectadas por el contrabando producto del ingreso ilegal de mercadería”, acotó. (Brújula Digital)