Huyó junto a su familia tras sufrir golpizas; su esposa interrumpió su embarazo y es atendida en un hospital público de La Paz para salvarle la vida. Martín Choque, el exsecretario de Culturas de la Alcaldía de Uncía, una población distante a 325 kilómetros de la Sede de Gobierno de Bolivia, es un indígena quechua víctima de persecución política tras rechazar la presencia del expresidente, Evo Morales, durante un acto festivo.

El jueves 23 de febrero, Choque retiró una silla que pretendía ocupar Morales y la lanzó para evitar que el líder político usara el escenario para promocionar su imagen en una anticipada campaña proselitista. A la conclusión del Festival de la Qonqhota, los dirigentes de los ayllus leales al expresidente “chicotearon” a la esposa y a los hijos de Choque en represalia por el desaire al jefe del Movimiento al Socialismo (MAS).

A 11 días de ese incidente, Choque está en la clandestinidad, sin defensores, en un gobierno que se proclama representante de los indígenas y reivindica las culturas y tradiciones de pueblos originarios.

Antes de refugiarse en el silencio, denunció persecución política y la vulneración de sus derechos fundamentales como la libertad de pensamiento.

La Defensoría del Pueblo reconoció que los agresores del exsecretario de Culturas de la Alcaldía de Uncía, la capital de la provincia Rafael Bustillos del departamento de Potosí, violaron varios derechos como el derecho a la vida. Pero al margen de esa declaración, no existe otra acción de defensa de esta entidad estatal.

La víctima presentó una denuncia en contra de sus agresores, pero el alcalde de Uncía, Zenón Yucra, anunció que convencerá a la exautoridad quechua para que desista del proceso y así “devolver” la “tranquilidad” a esa zona. Choque se declaró en la clandestinidad, para proteger su vida y la de su familia.

Autoridades y analistas consultados por EL DIARIO, calificaron el extremo como “absolutamente ilegal”, por la distorsión del concepto de “justicia comunitaria” que, es empleado como justificativo de la violencia que, en este caso, vulneró elementales derechos humanos.

Para el analista Iván Rada, lo ocurrido en Uncía confirma la intolerancia y violencia del “masismo” que no sólo ha adoctrinado sino corrompido a las bases indígenas.

“Los propios estatutos de esa comunidad quechua rechazan hacer proselitismo, y lo único que hizo el señor Choque fue hacer respetar aquello. La violencia delictiva ejercida en su contra y su familia, con la pérdida de un embarazo además, debería activar investigaciones a los promotores y autores intelectuales de este caso”, dijo.

ATENTADO

El diputado de oposición, Gonzalo Rodríguez, calificó el hecho de un atentado a un conjunto de derechos humanos tanto en la persona de Choque como de su familia, porque nadie puede ser expulsado de su tierra.

“(De acuerdo) al concepto básico que se maneja en los derechos humanos, nadie puede ser injustamente víctima de sanciones y peor cuando vulneran su integridad física. Su esposa e hijo, han sido víctimas de torturas, que están prohibidas en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos y más aún en el caso de la esposa cuando llega a perder un bebé que estaba en gestación. Todo ese conjunto de derechos humanos han sido vulnerados y ameritan una acción clara de parte del Estado”, dijo.

Recordó que la Defensoría del Pueblo manifestó que existe vulneración a derechos humanos, por lo que el Órgano Ejecutivo debería tomar parte, así como las personas y la fuerza política directamente involucradas.

Explicó que todos los partidos políticos a tiempo de solicitar la personería jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no sólo adjuntaron documentos constitutivos y reglamentarios como el estatuto, sino un compromiso con el respeto a derechos humanos, cuyo contenido los obliga a conductas claras.

“Es lamentable que el jefe de un partido que resulta el punto focal a partir del cual se ha generado la agresión a los derechos humanos no se pronuncie y dé por bien hecho que sus seguidores hayan recurrido a una forma disimulada, a través de la justicia comunitaria, a avasallar los derechos humanos y la Constitución Política del Estado (CPE)”, remarcó.

En ese marco advirtió que es inadmisible e intolerable que no se actué al respecto, ya que hay una complicidad estatal y del partido de gobierno, con la transgresión a los derechos humanos.

INADMISIBLE

La senadora de oposición, Centa Rek, considera que lo ocurrido con Choque representa la confrontación, hasta el límite de violencia inadmisible dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).

“La confrontación entre partidos no es inusual, pero son las prácticas las que hacen la diferencia; el hecho de la violencia que se generó contra este funcionario del municipio de Uncía debería ser investigado por el Ministerio Público, pero hay una omisión, tratando de ocultar toda la sucesión de hechos que se han dado”, dijo.

Advirtió que confunden la justicia comunitaria con acciones de tortura y violencia extrema, dentro de los cánones que generan una situación de peligro de vida.

“Otra vez se utiliza a la justicia comunitaria para ejercer una violencia política inusual y persecución política al extremo que ellos han tenido que abandonar no sólo sus funciones sino su pueblo. Ahora el mismo pueblo está entrando en confrontaciones que pueden derivar en otras situaciones de una escalada de violencia donde se sumen correligionarios, y lamentablemente el Ministerio Público no actúa”, comentó.

En ese marco aseguró que se evidencia la ausencia de Estado, de garantías y tortura encubierta, ya sea dentro de un régimen penitenciario o como una práctica que se confunde como si fuera parte de la justicia indígena o comunitaria.

“El autoritarismo de Evo Morales o Luis Arce es el mismo, está generando situaciones de peligro y de destrucción de la sociedad. No existe justicia, todo se allana con violencia, todo esto va a llevar al deterioro de la convivencia”, remarcó.

En ese marco anunció que solicitarán una medida tutelar ante organismos internacionales, para generar una reacción por acumulación de estas situaciones para que el Gobierno de Bolivia sea observado y no puedan hacer lo que “les dé la gana”.

“Tenemos al exdirigente de Comcipo (Comité Cívico Potosinista) -Juan Carlos Manuel Huallpa- que ha muerto en la clandestinidad, éste no puede volver a ser un caso similar, porque las personas en la clandestinidad no tienen recursos, las familias quedan totalmente desprotegidas, tienen problemas de salud, llegan al límite de la posibilidad de que por todas las circunstancias en que se encuentran, están condenadas a morir como parias y eso no es correcto”, apuntó.

“EL DEFENSOR DEL

PUEBLO DEBE ACTUAR”

Para Manuel Morales, miembro del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), el defensor del pueblo, Pedro Callisaya, debe asumir e iniciar una denuncia penal por todos los extremos ya que él tuvo un acercamiento con la familia Choque.

Aclaró que para evitar extremos de violencia se puso “frenos” a la justicia Indígena Originaria con la Ley de Deslindes y la Ley 348 que señala que en casos de violencia no hay conciliación ni justicia indígena, sino que tiene que supeditarse a la justicia ordinaria.

“Se denomina justicia indígena cuando les da la gana, pero no tienen fuero para hacer eso, deben ser también procesados”, dijo.

Para Morales, el hecho de que Choque se haya declarado en la clandestinidad, evidencia que en Bolivia hay presos políticos y persecución política.

“Esto (declararse en la clandestinidad) es un caso más de gente que se tiene que esconder para preservar su vida. Estar en la clandestinidad es una vida de sufrimiento familiar, perder la posibilidad de acceder a un trabajo, salud, es condenarse a vivir en la pobreza y no tener contacto con sus familiares”, dijo.

Por otro lado, manifestó que el Tribunal Supremo Electoral debería tomar nota al respecto porque la legislación prevé plazos y los bolivianos no estamos en campaña electoral.

“Ellos (TSE) deberían hacer, aunque sea una llamada de atención, porque el MAS no puede estar haciendo campaña política, para eso hay plazos, cronogramas, etc.”, apuntó.

GOBIERNO

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que personal del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) ya se contactó con el exfuncionario para respaldarlo tanto en el ámbito familiar como legal, puesto que Choque activó una demanda penal contra sus agresores.

“Ya se han tenido reuniones con él y se le va a dar el patrocinio legal si él lo decide. Todavía no nos ha confirmado si va a aceptar este patrocinio del Ministerio de Justicia, pero si lo hiciera así vamos a llevar adelante la defensa del señor Choque”, remarcó Lima, según publicación El Deber.