El sector empresarial cuestiona la seriedad del país en el ámbito internacional y afectan directamente a los productores pequeños, medianos y grandes que, sin ninguna razón, ven arriesgadas la sostenibilidad de sus fuentes de trabajo y sus inversiones; reflejando también la falta de voluntad para dar fin a un conflicto ajeno a los sectores productivos.
Las amenazas y las acciones que buscan afectar la provisión de energía y combustibles a la ciudadanía y a las empresas, no solo constituyen un delito grave, sino que afectan directamente a la cadena de producción y ponen en riesgo la provisión de alimentos y bienes a todos los departamentos, generando un peligro mayor sobre la economía y la estabilidad social, asegura.
La toma de empresas y la intención de avasallar unidades productivas revelan la existencia de una amenaza sobre la propiedad privada y sobre el derecho constitucional a la libre empresa. El silencio y la inacción de las autoridades llamadas a prevenir y sancionar estas acciones, evidencian también el debilitamiento de la seguridad jurídica en el país, sostiene el comunicado.
“La narrativa anti empresarial que se manifiesta en alusiones descalificadoras y falaces contra personas y empresas que aportan a la construcción del país, deterioran la confianza que debe ser el pilar fundamental del desarrollo productivo. Es injusto el tratamiento que se le está dando al sector privado, cuando éste es el que genera y sostiene fuentes de empleo, provee bienes y servicios a la sociedad y aporta con impuestos y contribuciones al sostenimiento de Bolivia”, aseguran.
Apuntan a que el Gobierno Nacional está en la obligación de dar solución a la agenda ciudadana, sin ningún tipo de discriminación, ni privilegio, priorizando el diálogo y evitando así la adopción de medidas de presión que pongan en riesgo la paz en el país.
Los empresarios plantean cuatro puntos para encaminar un diálogo y reducir la escalada de violencia que se da en la región oriental.
Sugieren retornar a la senda de la prudencia, sensatez y diálogo; atender la agenda ciudadana, en el marco de un proceso de encuentro sobre tres premisas elementales: confianza mutua, buena fe e intermediación equitativa y equilibrada; calmar los ánimos; y reafirman su compromiso con Bolivia.