A pesar de que el Gobierno asegura que la deuda está dentro los márgenes adecuados y que todavía tiene espacio para más préstamos, los economistas aseguran que se repite la historia sobre el endeudamiento del país, cuando en la década del 2000 la cifra era alta, pero aun así no se cubre el déficit fiscal y requerirá más recursos para hacer esto posible.
La infirmación presentada por el Banco Central de Bolivia de deuda externa al 31 de diciembre de 2021, muestra la capacidad del país para cumplir sus compromisos con los acreedores internacionales y una adecuada gestión de la política económica, así como la reducción de las obligaciones externas sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en 1,8 puntos porcentuales respecto al 2020.
Los economistas cuestionan la comparación con el 2020, pues era un año de pandemia, y la situación económica, al igual de la mundial, no era de las mejores, y se cerró la gestión con un dato negativo de -9%.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la deuda pública externa alcanzó a 12.697,7 millones de dólares, es decir, la deuda externa disminuyó del 33% del PIB en 2020, al 31,2% del PIB en 2021, lo que muestra, en términos de solvencia, una mejora en la capacidad de endeudamiento del país, señala el BCB.
El informe está basado en el nuevo marco metodológico establecido en el «Reglamento para el Registro y Operaciones de la Deuda Pública Externa del Estado Plurinacional de Bolivia», aprobado mediante Resolución de Directorio N° 023/2022 de 29 de marzo de 2022, de acuerdo con los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado y el artículo 21 de la Ley N°1670 del BCB, sostiene la entidad emisora.
Al respecto, el economista y docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal, opina que el marco metodológico para el cálculo de la deuda externa busca ajustar la cifra.
Los economistas calculaban una cifra mayor de la deuda externa, por encima de la oficial, pero la metodología, al parecer busca hacer ajustes para mostrar un manejo adecuado de las obligaciones externas.
A pesar de la recuperación económica en 2021, por el efecto rebote, la deuda externa representa 31,2% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), cuya cifra indica que sigue siendo alta, agregó.
El último crédito adquirido con la CAF, de 400 millones de dólares, sino está inscrito, podría subir la cifra de la deuda externa por encima de los 13.000 millones de dólares, y si se suma las obligaciones internas, el total en comparación al PIB estaría bordeando el 60% a 70%.
Señala que las transferencias netas pasan los 539 millones de dólares, que corresponde a desembolsos, y por lo tanto la deuda mantiene su tendencia a la alza.
A pesar de ello todavía tiene margen para ser sujeto de crédito, pero la pregunta que se plantea es si ¿será sostenible?, Bernal.
CIFRAS ManipuladAS
Por su parte, el economista Darío Monasterio, opina que habría un manejo de cifras, manipuladas por parte del gobierno, y la comparación realizada con el 2020 no es de las mejores.
La recuperación por el efecto rebote en 2021 no fue suficiente, y en el 2020, en plena pandemia, no había disponibilidad de recursos de financiamiento.
Monasterio se pregunta ¿cuál será la fuente de repago para cancelar lo que el país se presta?, ya que en el corto y mediano plazo no existen proyectos nuevos que impliquen ingresos para el Estado.
Incluso señala que ya solicitaron créditos para pagar sueldos, como el financiamiento de la CAF, de 400 millones de dólares, como reforzamiento del Presupuesto General del Estado (PGE), y esto preocupa.
Mientras tanto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, hace unos días, aseguró que el crédito de la CAF está destinado a la inversión pública, y descartó que sea para gasto corriente.
Monasterio estimó que los 400 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), podrían pasar como inversión pública y no gasto corriente en el presupuesto de 2023, debido a que los recursos del estado no son suficientes para cumplir con las obligaciones del gobierno.
Ajustes
Mientras tanto, el economista Gabriel Espinoza señala que el modelo económico del gobierno es exitoso en la medida que tenga mucha renta y disponibilidad de recursos, pero ambos escasean.
Ante ese panorama adverso, el Gobierno realiza ajustes a costa de terceros, y reduce presupuesto a los municipios, a través de la burocracia para frenar los desembolsos para la inversión pública.
Además, exagera las proyecciones económicas con un precio del petróleo subvaluado para reducir el presupuesto; y el Gobierno a través de normativa pone límite de gasto a los subnacionales; y la modificación de la reglamentación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos dirigió más recursos a otras instituciones, como el Fondo Indígena de Desarrollo (FDI).