La reunión entre el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y los alcaldes de las principales ciudades del país, dejó abierta la compensación económica para postergar el Censo para 2024, pero analistas expresan desacuerdo porque la medida implica menos recursos para las regiones.

El economista y analista, Darío Monasterio, lamenta que se hable de compensación económica y postergación del Censo, ya que de plasmarse la sugerencia solo perjudicará a las regiones, pues no existe la manera de cómo realizar el proceso sin una base de datos.

Además, la postergación da lugar a incumplir lo que establece la Constitución Política del Estado, la Ley de Autonomías y la misma normativa del Censo, señala Monasterio en el programa de Carlos Valverde «Sin Compostura».

Alcaldes

Como se recordará, el pasado miércoles los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto se reunieron con el presidente Luis Arce, para tratar temas económicos y la postergación del Censo.

En esa oportunidad, las autoridades ediles adelantaron que se puede avanzar en el levantamiento de datos, pero también de continuar con la posición de postergarlo hasta el 2024, plantearon una compensación económica.

El presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) y alcalde de Tarija, Jhonny Tórrez, recordó que en las alcaldías que participaron de la reunión con el Presidente, se concentra el 70 % de la población en Bolivia.

«Eso no quita que nosotros le propongamos que para evitar confrontación social, bloqueos y otros, nosotros podamos realizar un censo hasta octubre del 2023», manifestó Tórrez en la oportunidad de la reunión con el Presidente, según la red Unitel.

Una compensación económica deberá proponer cada alcaldía; y La Paz había adelantado que quería una reunión con el Presidente para solicitar un fondo para jubilar a los trabajadores que están en edad de pasar al sector pasivo.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, también manifestó la necesidad de hablar de una compensación económica en caso de que el Censo se realice el 2024.

Recursos

Monasterio sostiene que de acceder a la postergación del Censo, y de llevar adelante la compensación económica, será una situación complicada, pues no se conocerá la base sobre cómo se hará esta distribución de recursos.

La última fotografía de 2012 ya se ha desactualizado y se necesita una nueva, pero no se podrá conocer si se posterga el Censo hasta el 2024.

«No compensa un pago económico. En base a qué?», señaló y se pregunta Monasterio.

aseguró que no se conoce la manera de cómo se verá qué municipios necesitarán más recursos, y esto hay que normarlo, o será en base a resultados de las proyecciones del Censo del 2012. «Parece desatinado», agregó.

Dijo que de progresar la compensación, se la realizaría con información pasada y proyecciones desactualizadas, por ello no es buena idea.

Desinstitucionalización

A eso se suma que desde el 2006, se produjo una desinstitucionalización del Estado, lo que derivó en cambios constantes y a conveniencia la redistribución de los recursos, y ahora parece entrar en juego el chantaje económico para hacer el Censo cuando les convenga políticamente, lamentó el entrevistado.

Por ello dijo que los municipios, es decir las entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y las gobernaciones, no deberían entrar en ese juego, y más bien apoyar la realización del Censo para saber cómo está el país.

Asignación

El pasado fin de semana, el presidente Luis Arce, en entrevista con un medio de comunicación de El Alto, dijo que el Censo, no siempre significa mayores recursos, sin embargo, diputados de la oposición, desmintieron la versión, al indicar que los resultados permitirán mejorar la redistribución, no solo de dinero sino también de escaños para la Asamblea Legislativa.

La Ley de Participación Popular de la década de los 90, estableció la redistribución de los recursos por el número de habitantes, así como la creación de los comités de vigilancia, la primera continúa, pero la segunda casi desapareció, y lo reemplazaron con dirigentes afines a las autoridades.