En análisis del economista, Gabriel Espinoza, se veía venir algo así, porque el Gobierno está desesperado por conseguir más ingresos para el Fisco, y ha pasado de tener unas penas regulatorias a tener un esquema recaudatorio, de acuerdo a la web Brujula Digital.

En criterio del economista, Darío Monasterio, el Gobierno al aclarar sobre el decreto 4850, solamente implementa un juego de palabras para desmentir sobre la presión tributaria, al utilizar la transacción de bien inmueble o inmueble.

Monasterio señala que la renta presunta de una utilidad de 5% en efectivo de cualquier objeto, bien mueblo o inmueble, se aplica a cualquier transacción, y a través de las transferencias bancarias se gravará este porcentaje.

El entrevistado coincide con la opinión de Gabriel Espinoza, por separado, al indicar que efectivamente es un nuevo impuesto sobre toda persona natural o empresa.

Uno de los objetivos del decreto es apuntar una mayor recaudación para el gobierno ante la falta de liquidez, y luego de haber agotado los ingresos de la renta petrolera, tenía la opción de ampliar la recaudación mediante una mayor presión.

El Decreto Supremo 4850, que entró en vigencia el 1 de enero del presente, ejercerá mayor presión tributaria sobre los contribuyentes y encarecerá los bienes muebles (artefactos, vehículos, muebles, computadoras) con la creación de un nuevo impuesto a la renta personal, como si se tratase de una transacción con fines comerciales, afirmó el exdirector de Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, según la página brujuladigital.

“(…) cuando gravas a una persona natural por la venta de un bien inmueble se crea un impuesto a la renta personal porque es un impuesto a los bienes de las personas”, apuntó.

Entre tanto, para el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, dijo que el tema de fondo es la reforma tributaria, que permita la migración del 80% de la actividad informal a la formal, y que empiece a tributar.

También está la ampliación de la base de datos, y mientras más personas naturales o jurídicas tributen bajarían las alícuotas.

También señaló que los ingresos fiscales bajaron desde el 2014 a la fecha, y que la deuda externa sumada a la interna alcanzan al 60% del Producto Interno Bruto (PIB).

Se incursionó en la aplicación de políticas no convencionales para obtener fondos, al parecer sin resultados positivos, y por ello se barajan otras opciones para aumentar las recaudaciones.

Romero indicó que tal vez la iniciativa del gobierno no se aplique, tomando en cuenta que el 80% de la actividad económica es informal, y el decreto 4850 busca promover la formalización, pero es poco optimista.