Algunos sectores ya expresaron que la decisión de prohibir a las industrias de generar energía eléctrica con el gas, tendrá sus efectos en los productos finales y en el costo al consumidor, y afectará a la competitividad de la producción boliviana en el mercado nacional e internacional.
«Cualquier medida no dialogada, nos preocupa», dijo el titular de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Pablo Camacho y adelantó que realizan las consultas respectivas a todos sus asociados para conocer qué industrias generan energía eléctrica a partir del gas.
Camacho lamentó que, a pesar de sostener una reunión hace unas semanas con el ministro de Economías y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien se comprometió en no modificar el Impuesto al Consumo Específico (ICE), se tomen decisiones que tendrá su impacto en el sector.
Señaló que cualquier impacto, sin lugar a dudas, va a modificar los precios (de los productos), por ello considera que es necesario un diálogo para minimizar los efectos, y no reducir la competitividad de la producción nacional.
En las próximas horas se pronunciarán al respecto y brindarán cifras sobre los costos de producción de las industrias y mostrar el impacto que podría significar para el sector productivo.
Recordó que si bien no hay una regulación fuerte de parte de las autoridades, la tarea la hace el contrabando; si un centavo se incrementa en un producto, los ojos de los consumidores miran al contrabando.
La Cámara de Industrias, Servicios y Comercio de Santa Cruz (Cainco) ya se pronunció la semana pasada a través de su gerente de desarrollo empresarial, Luis Fernando Strauss, quien dijo que no está bien cambiar las reglas, y es una mala señala a la inversión privada nacional e internacional.
Inclusive dio cifras, de una afectación de 60 % en sus costos de producción, que bien pueden ser trasladados al consumidor final, y de esta manera, la normativa aprobada genera una distorsión al mercado nacional.
El sector privado lo toma como una racionalización del gas a los bolivianos, en especial a las industrias; pero también a la ciudadanía, ya que en algunas zonas a pesar de tener toda la infraestructura lista para hacer uso del gas en sus domicilios, a más de un año no suministran material a las empresas para la instalación de las acometidas.
Los expertos ya señalaron en su momento que la caída de la producción de gas obligará a las autoridades a tomar decisiones para cumplir con el mercado exterior, y al parecer el DS obedece a esta afirmación.
Además, como se recordará Bolivia creció en la oferta de energía eléctrica, que supera su demanda, y por ello también se anunció la venta a la Argentina, que a la fecha sigue en anuncios, pero tiene un importante volumen, una buena parte es generada con gas y con precios bajos.
“A través del DS 4794, el sector industrial no podrá auto-generarse energía con el gas. El costo de la energía eléctrica es 60 % más en Bolivia, país poco serio, en el que cambian las reglas de juego, nos van a quebrar y resultará en desempleos, al no ser competitivos con el contrabando», señala el twitter de Nadia Cuellar @nadiacuellarc.
El artículo 1 señala que «a fin de hacer un uso eficiente de combustibles fósiles en la producción de energía eléctrica, el presente Decreto Supremo, tiene por objeto modificar el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes que forma parte del Anexo del Decreto Supremo Nº 1996, de 14 de mayo de 2014.
Las disposiciones transitorias señalan un plazo de un año para que las industrias se adecuen a la norma, y 90 días para que las entidades del sector de hidrocarburos realicen la reglamentación.
También señala que las industrias que no tengan acceso al Sistema Interconectado Nacional (SIN) podrán hacer uso del gas para generar energía, previa autorización, y deberán renovar cada año.