El sector industrial ya envió propuestas para mejorar la lucha contra el contrabando, y de esta manera reducir los efectos en la producción nacional, pero aún esperan la respuesta de las autoridades nacionales.

En su momento, estimaron que el comercio ilegal mueve alrededor de 3.500 millones de dólares al año, mientras otros sectores proyectan una cifra mayor, aunque reconocen que es difícil cuantificar el monto.

Para Romero el contrabando vendría ser una política pública de todo nivel de gobierno, puesto que reduce los precios de los artículos y genera un consumo masivo debido a su fácil accesibilidad por la mayor parte de la población, además genera miles de ocupados, y frena el aumento del gasto fiscal.

Es claro al señalar que el gobierno no puede generar empleo, y los empresarios en reiteradas oportunidades solicitaron a las autoridades nacionales a garantizar la seguridad jurídica para las inversiones, y a la fecha la situación no cambia, pues una muestra de ello son los avasallamientos en zonas productivas en Santa Cruz, que pone en peligro el abastecimiento de productos agrícolas.

Si la gente no trabaja en el contrabando, el gobierno no podrá generar empleos para ellos, debido a que no cuenta con los recursos necesarios, reflexionó Romero a tiempo de indicar que las acciones contra este comercio ilícito sólo llega a un 3% de comisos.

Como se recordará, en enero de 2023, la Aduana Nacional informó que el valor de los comisos en la gestión 2022 alcanzó una cifra récord de 737,4 millones de bolivianos. En similar mes de la pasada gestión informó que la cifra alcanzó a 652 millones.

En la gestión 2021, el monto no superó los 100 millones de dólares, mientras que el 2022 casi llegó a los 106 millones. La Aduana sigue comisando en frontera productos ilegales, que no cuentan con documentación.

Recordó que el contrabando genera un movimiento económico significativo, así como fuentes laborales para los desocupados, trabajo que no puede garantizar el Gobierno.

Un endurecimiento de la lucha contra el contrabando podría provocar más desocupados, por ello plantea que a la industria nacional se le debería apoyar en el tema fiscal y permitir la libre exportación.

Además una ley de inversiones, que tanto reclaman los empresarios nacionales, permitiría atraer capitales frescos para la apertura de empresas y nuevos emprendimientos para absorber a las personas que dejen de operar en el comercio ilegal.

A eso hay sumar que las constantes devaluaciones de su moneda en los países vecinos, que bajan los precios de sus productos, y el tipo de cambio fijo en Bolivia abarata la compra de dólares para la importación de mercadería legal e ilegal.

A pesar de los esfuerzos, el contrabando pone en riesgo 600 mil empleos en el sector industrial, por ello el empresario impulsa la compra Hecho en Bolivia con el objetivo de preservas las fuentes de trabajo.

Recientemente se subieron en redes sociales, en el Bunker, sobre el contrabando de combustibles en el norte del país, y cuando son descubiertos y las fuerzas del orden van a detenerlos, quieren quemar los hidrocarburos, se escucha en el audio.

Además, en los últimos meses, los medios de comunicación informaron sobre la resistencia de los contrabandistas contra los efectivos de la aduana, y que en algunos casos llega a la agresión y destrucción de movilidades.