La promulgación del Decreto Supremo 4794 se da en un contexto de la caída de la producción gas, que en los últimos siete años se redujo en 30 %, y esta obedece a que la política hidrocarburífera está orientada a la captura de renta para el Estado, y descuidó la sostenibilidad del sector en el largo plazo, según la Fundación Jubileo.

Hace unos meses, el experto en hidrocarburos Hugo del Granado dijo que la nacionalización fue un fracaso, y una muestra de ello fue la caída en la producción y la ausencia de nuevos yacimientos para reponer las reservas.

En su momento el exsecretario de hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla, señalaba que la exploración requiere sumas significativas para hallar nuevas reservas, y estimó que por lo menos se necesita invertir 8.000 millones de dólares anualmente.

En los últimos años, el gobierno destinó sumas menores a la exploración en comparación a la explotación, y para esta gestión la situación no cambió; y continúa la caída de la producción de gas y la declinación de los campos gasíferos.

Análisis

El DS promulgado por el Gobierno, prohibe a las industrias usar gas para la generación de energía eléctrica, y da un plazo al sector para que se integre al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

“La promulgación de esa norma puede ser vista desde diferentes perspectivas. En síntesis, es consecuencia de una política hidrocarburífera orientada a la captura de renta para el Estado; pero que descuidó la sostenibilidad del sector en el largo plazo», señala Jubileo.

El decreto fue promulgado en un contexto en el que la producción de gas natural en el país ha caído en 30% entre los años 2015 y 2022, debido a la falta de exploración de los últimos 17 años.

Esa disminución ha generado una presión para la renegociación de los contratos de exportación suscritos tanto con Brasil y Argentina para reducir los volúmenes de envío, con el consecuente impacto en los ingresos por regalías e IDH.

Norma

La aprobación del Decreto Supremo 4794 de 7 de septiembre de 2022, por una parte, ajusta la definición de «Categoría Industrial» para el consumo del gas natural; pero, además, incluye disposiciones orientadas a restringir el uso de este energético para usuarios de redes de gas y consumidores industriales que generan energía eléctrica para autoconsumo, con conexión al Sistema Interconectado Nacional.

El propósito es promover el uso eficiente de combustibles fósiles en la generación de la misma (energía eléctrica) y establece que los volúmenes de gas natural que dejen de consumir los usuarios de la Categoría Industrial, en el marco del presente Decreto Supremo, serán destinados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el mercado que genere mejores ingresos al Estado.

En primera instancia, el D.S. 4794 pone en evidencia que el país ya no tiene suficientes reservas probadas de gas natural para seguirlas destinando al mercado interno a un precio subvencionado, siendo que el 63 % de la generación eléctrica en el país proviene de termoeléctricas que son operadas en su mayoría por la Empresa Nacional de Electricidad, este criterio de «uso eficiente de combustibles fósiles» también debería aplicarse a la empresa estatal, recuerda Jubileo.

Desde una perspectiva económica, esta medida es positiva, ya que resulta más rentable para el país destinar ese gas a la exportación donde recibe un precio de 7 u 8 dólares por millón de BTU, que seguirlo enviando al mercado interno a 1,3 dólares el millón de BTU.

Esa lectura, bastante razonable, evidencia el uso político que se la ha dado a la política hidrocarburífera en la primera década del este siglo, con el argumento de que el gas era para los bolivianos y, por lo tanto, se tenía que masificar su uso y expandirlo a todo sector posible, olvidando que es un recurso no renovable y, por lo tanto, finito.

OFERTA Y DEMANDA

Mientras tanto, el Gobierno asegura que la decisión busca la eficiencia energética, y que las industrias puedan conectarse al SIN, debido a la oferta que se tiene, pues la demanda alcanza apenas a la mitad de lo que se genera.

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, en conferencia de prensa, dijo que se tiene una capacidad instalada de 3,6 Giga Watts y que la demanda sólo llega a 1,6 GW, y esperan que hasta el 2025 la generación de energía eléctrica llegue al 50 % con fuentes renovables.