En los últimos años se notó la caída de los ingresos para el país, luego del auge por la venta de gas y minerales, pero ahora la reducción se refleja en la baja inversión de municipios y gobernaciones en obras, pese esto existe un aumento en el gasto corriente y de funcionamiento.

La caída de ingresos en el país se manifestó desde el 2015 y ya se sienten los efectos. El 2012, los municipios invertían 44% de sus ingresos, actualmente sólo invierten 14%; las gobernaciones destinaban 48% a inversión, para 2022 solo destinarán 23,5%. La prioridad es el gasto corriente y funcionamiento, señala el documento de la Fundación Jubileo: Gobiernos subnacionales minimizanla inversión.

Los datos del Presupuesto muestran una reducción constante los niveles de inversión de las gobernaciones y municipios, especialmente desde la caída de sus ingresos. Estas entidades priorizaron preservar el gasto corriente/funcionamiento y otros, situación que puede comprometer el desarrollo y futuro de las diferentes regiones del país, advierte.

Límites de gasto

Desde la época de la Participación Popular y Descentralización Administrativa de los años 90, y posteriormente, con la Ley Marco de Autonomías (2010), los gobiernos subnacionales están sujetos a límites de gasto de funcionamiento de sus principales recursos, debiendo asignar la mayor parte a inversión.

Sin embargo, en el transcurso de los años, diferentes normas y determinaciones, flexibilizaron el uso de los recursos, y llegaron nuevas fuentes como el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que no está sujeta a esta regla.

Asimismo, otro elemento que puede haber afectado la orientación de recursos de los gobiernos subnacionales son las leyes y otras determinaciones que obligan asignar un presupuesto a algún fin específico.

El espíritu de la normativa inicial era que los gobiernos subnacionales orienten recursos y cumplan con la principal atribución de realizar la inversión pública; sin embargo, al contrario, los datos muestran que los niveles y porcentajes de inversión son cada vez menores.

Esta tendencia se presenta a pesar de que, los últimos años, no hubo cambios en la normativa con relación a esta regla fiscal.

Disminución de ingresos

Los principales recursos de los gobiernos subnacionales provienen de la participación de recaudaciones nacionales, como ser las transferencias por coparticipación tributaria que reciben los gobiernos municipales.

Para las gobernaciones, la principal fuente son las regalías; y ambas instancias reciben el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Estos ingresos que aumentaron significativamente hasta el año 2014 empezaron a caer desde 2015, señal que marcó el final del periodo de bonanza. En principio, la razón fue la caída de los precios de los hidrocarburos y consecuente caída de esta renta (IDH y regalías); pero, en adelante, también por menores volúmenes de producción y exportación. Asimismo, las recaudaciones de impuestos nacionales y correspondiente coparticipación registraron limitaciones en el marco de la desaceleración de la economía, la crisis del coronavirus y, hasta la actualidad, aún no se han recuperado.

En lo referente a los ingresos propios de los gobiernos subnacionales, en los últimos años, también se registraron recaudaciones limitadas.

En síntesis, la disminución de ingresos no solamente responde a la caída de la renta de hidrocarburos, sino también a limitaciones en las recaudaciones de renta interna, lo que responde a la evolución de la situación económica que está en deterioro hace varios años.

Actualmente, se habría llegado a un nuevo nivel en que la disponibilidad de recursos es bastante menor en comparación a los años de bonanza.

Mínima inversión subnacional

En este contexto, la evolución del gasto público subnacional se fue reduciendo por las menores disponibilidades y, en su composición, se registra un cambio constante, principalmente un desplazamiento del gasto de inversión.

Los gastos del Sector Público se pueden clasificar o diferenciar, por un lado, en las asignaciones para proyectos de inversión (gasto que aumenta el capital) y, por otro lado, en gasto corriente y de funcionamiento.

Se entiende por inversión pública (o proyectos de inversión) el uso de recursos públicos, destinados a incrementar las existencias de capital físico y/o humano; y para lograr resultados específicos, orientados a ampliar las capacidades productivas, económicas, sociales y otras. Son proyectos de inversión la construcción de caminos, hospitales, escuelas, sistemas de riego, etc., que realizan las entidades públicas. La inversión es un determinante del desarrollo de un país o una región.

Los gastos corrientes, y en general los gastos de funcionamiento, constituyen el gasto de consumo del Gobierno. Estos son sueldos, servicios básicos, materiales de oficina y otros, necesarios para el funcionamiento de las instituciones públicas y para la provisión de servicios a la población.

La proporción del presupuesto destinado a proyectos de inversión se ha reducido constantemente, en especial desde la caída de los ingresos por hidrocarburos. En 2012 el presupuesto de inversión representaba 48% del total, y para 2022 representa solo 23,5%. Y, en correspondencia, la proporción del gasto corriente/funcionamiento se ha incrementado.

En el caso de los gobiernos municipales se observa la misma tendencia. El cálculo de la participación porcentual por Tipo de Gasto se ha realizado excluyendo los programas

En general, de acuerdo con los datos del presupuesto de los gobiernos subnacionales de Bolivia, actualmente, la participación de la inversión es mucho menor y el gasto corriente es mayor (en proporción sobre el total).

La situación observada sugiere que, ante la caída de los ingresos, los gobiernos subnacionales estarían utilizando la inversión como variable de ajuste, es decir que están intentando preservar sus gastos corrientes como salarios y otros, mientras sacrifican la inversión pública.

Pero no sólo los gobiernos subnacionales tiene problemas para dinamizar la inversión pública, sino también el Gobierno central, y una muestra de ello son los créditos que van adquiriendo para financiar la inversión pública.