El presidente de la CNI lamentó que el contrabando de productos sea a vista y paciencia de las autoridades a través de las redes sociales, en particular market pleace, que ofrece una variedad de ofertas en desmedro de la producción nacional.

“Están haciendo entrar productos de contrabando con una afectación seria a nuestras industrias.

No pagan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y tampoco el Impuesto a las transferencias (IT). (Productos) libremente comercializados en las redes”, apuntó.

La afectación se sintió el año pasado, así lo evidencio un organismo que lucha contra el contrabando, como lo es la Asociación Latinoamérica de Comercio.

Y este año no sería la excepción este año, por ello el sector plantea cuatro acciones para combatir el contrabando de manera más organizada con apoyo del sector público.

Dijo que el problema no sólo lo tiene Bolivia, sino también países de la región, debido a que ya no es un contrabando hormiga sino de mafias organizadas, que ingresan productos ilegales en grandes volúmenes a través de las redes sociales.

Por eso en la propuesta a presentar al Gobierno, pedimos la conformación de este comité para trabajar en normas de manera conjunta por Bolivia el sector público y privado, señaló.

Además señaló que el contrabando da lugar al lavado de dinero, de actividades ilícitas informales, y afecta a la institucionalidad, pero las entidades en la lucha contra este flagelo tienen capacidad limitada para combatir en toda su magnitud, debido al bajo presupuesto con el que se enfrentan.

Además la crisis de los países vecino ha devaluado su moneda y abre una puerta a esta actividad ilícita, pues el tipo de cambio fijo no se mueve desde hace más de 10 años, y por ello el contrabando es manejado por el crimen organizado, ya no es una actividad hormiga sino mafias.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) en coordinación con las cámaras departamentales propuso cuatro acciones inmediatas para fortalecer la lucha contra el contrabando: reactivar el Consejo de lucha contra el contrabando, disminuir de 200.000 a 10.000 UFV el valor de los tributos omitidos, modificar la Ley municipal para que los municipios intervengan directamente en el control y que se realicen mayores acciones de interdicción.

“Esta es una lucha de todos los bolivianos. La industrialización no va a avanzar si no frenamos el contrabando. Por eso, convocamos a todos los actores a sumarse a la lucha contra este flagelo”, dijo Camacho.

El presidente de los industriales aseguró que solo con estas cuatro medidas se podrá frenar el impacto adverso del contrabando sobre la producción nacional que, a la fecha, se sitúa entre 3.000 y 3.500 millones de dólares al año que equivalen al 7,6% del PIB nacional o el PIB completo de Cochabamba o Chuquisaca.

El efecto no se limita al sector privado; por tributos omitidos se estima que el Estado deja de percibir cerca de 600 millones de dólares, agregó.

Por este motivo, es urgente fortalecer las medidas que permitan reducir este mal que no solo afecta directamente a lo Hecho en Bolivia, sino que aumenta la informalidad, expone la salud de las familias a productos alimenticios y farmacéuticos que no tienen ningún control de calidad, pone en riesgo a las más de 37.000 industrias formales que existen en el país y atenta contra los más de 600.000 empleos formales.