Tras informar que la inversión pública llegó a los 2.634 millones de dólares en la pasada gestión, de los 5.015 millones establecidos en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, que en porcentaje alcanza a 52,5%. Los economistas atribuyen la baja ejecución alcanzada el 2022 a una mala gestión o falta de recursos, sin embargo, también influyó el manejo arbitrario de números por parte de las autoridades competentes.

“De manera general se puede concluir que la inversión pública nacional ejecutada el 2022 fue baja, entre las principales razones, recursos económicos limitados y fuentes de financiamiento con restricciones, tanto internas como externas, tampoco ayudo el contexto externo e interno, ni menos una burocracia estatal marcada, inclusive el factor político tuvo que ver (..) ”, según el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.

También se le puede atribuir a los desembolsos tardíos o inoportunos sobre todo para gobernaciones y municipios, así como a una inadecuada gestión pública en todos los niveles de gobierno, agregó.

Como se recordará el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó, la semana pasada, que la inversión pública alcanzó a 2.634 millones de dólares, y que para la presente gestión se tiene programado un presupuesto de 4.006 millones, y un porcentaje significativo para el sector productivo.

“Sin embargo, el fenómeno de la caída de la inversión pública no es algo de ayer, ni tampoco casualidad. El 2014 se tuvo una ejecución del 99,7%, pero año tras año se ejecutaba menos pero también se destinaba menos recursos a inversión pública de manera efectiva, quedando una brecha clara entre lo proyectado y lo ejecutado”, sostiene Romero.

El año 2016 se tuvo un récord de inversión pública ejecutada de 5065 millones de dólares, pero en los últimos años y hasta el 2022 la misma descendió en un 48%, complementó.

El economista Darío Monasterio, en el programa Sin Compostura de Carlos Valverde, explicó que una de las razones de la baja ejecución puede obedecer a la falta de financiamiento, y adelantó que el ingreso corriente un podrá cubrir el gasto corriente o está en el límite para la presente gestión.

Informó que la inversión pública requiere de financiamiento externo o interno, y podrías acudir a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Al respecto el senador Rodrigo Paz Pereira informó que el gobierno ya se prestó de las AFP 7.000 millones de dólares, y ahora que los ahorros de los bolivianos estarán en manos del Gobierno a través de la Gestora Pública, no confía en su administración.

Señaló que la otorgación de recursos del exterior está sujeta a una evaluación de riesgo, mientras en el endeudamiento interno, los responsables de la administración de los fondos de los trabajadores deben ser analizados para la gestionar el financiamiento.

Monasterio coincidió con Romero, por separado, al indicar que si bien estaba programado recursos de 5.015 millones de dólares para la inversión pública, la ejecución apenas pasó el 50%, que se podría atribuir a una mala gestión o la falta de recursos.

Sostuvo que si bien tenía recursos programados el Gobierno, no logró alcanzar a ejecutar lo programa, debido a una mala ejecución, así como por la presión del gasto corriente, que se incrementa cada año.

A la comparación que hace el gobierno sobre la ejecución respecto a las gobernaciones y municipios, Monasterio dijo que no tiene mucha incidencia, pues la mayor parte del presupuesto lo tiene la administración central con el 90% y el resto se divide entre universidades y los subgobiernos.

El ministro Cusicanqui presentó datos sobre la inversión pública, y en la que se muestra que la misma en 2021 llegó a 2.646 millones de dólares, mientras que en 2022 bajó a 2.634 millones.

En 2021 se ejecutó el 66%, aproximadamente, de los 4.011 millones de dólares presupuestados para inversión pública; el 2022 se gastó 12 millones de dólares menos y la inversión pública ejecutada cayó en 11 puntos porcentuales respecto al 2021, es decir la gestión pasada invertimos menos, ejecutamos menos, gastamos menos y por ende crecimos menos en nuestra economía, mencionó.

Menos

Romero observa que para este 2023 se ha presupuestado un 20% menos de recursos de inversión pública en comparación con el 2022, lo cual, si bien va a aminorar el déficit fiscal para esta gestión, también limita las posibilidades de un crecimiento económico, más aun considerando que este modelo económico se basa en el gasto e inversión para dinamizar la demanda interna y consecuentemente tener un mayor crecimiento económico nacional.

Plantea que todos los niveles de gobierno y entidades públicas, más que nunca, ahora deber ser optimizadoras de su inversión, ya que no sólo es un hecho que habrá menos recursos para inversión pública, sino que también la ejecución presenta una tendencia a bajar, pero hay que sumar que el financiamiento no está totalmente garantizado debido a la incertidumbre en la economía mundial, que puede modificar drásticamente el presupuesto general.