El incremento salarial de 3 % para el haber básico y 4 % para el Salario Mínimo Nacional tiene carácter retroactivo al mes de enero de este año. Una vez aprobado el decreto de aumento a los sueldos, el mismo será reglamentado por el Ministerio de Trabajo.

El Gobierno dispuso el aumento salarial del 3 % para el haber básico, que es la base de negociación para el sector privado, en tanto que en el sector público este incremento solo llegará a los sectores de Salud y Educación, señala una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Los Gobiernos municipales y las gobernaciones, con sus respectivas instituciones descentralizadas, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 113 de la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización «Andrés Ibáñez», podrán fijar el incremento salarial de hasta el 3 % al haber básico, de acuerdo con su disponibilidad y sostenibilidad financiera.

En el caso de las universidades públicas, en el marco de su autonomía establecida en la CPE, podrán fijar incrementos salariales de hasta el 3 %, precautelando su capacidad financiera a través de sus Honorables o Ilustres Consejos Universitarios.

Quedan exentos de este incremento salarial la Policía, las Fuerzas Armadas, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los servidores públicos de los órganos del Estado, instituciones de control y defensa del Estado, entidades descentralizadas y otros que no estén vinculados con la actividad educativa y de salud.

Adicionalmente, se aprobó un aumento del 4 % para el Salario Mínimo Nacional (SMN), es decir, sube de 2.164 a 2.250 bolivianos. El SMN es el monto mínimo que se debe pagar en cualquier tipo de contrato laboral que implique una relación de dependencia en Bolivia.

Mientras tanto, el miércoles por la noche, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó con profunda preocupación el anuncio COB-Gobierno sobre el incremento salarial, a la que calificaron como una medida que va en contra de la reactivación económica del sector privado, industrial y formal, y coloca en situación de alto riesgo y crítica incertidumbre la sostenibilidad económica de más de 600 mil empleos industriales y más de 36 mil industrias en Bolivia.

La decisión COB-Gobierno sobre el incremento salarial incumple el Convenio Nro. 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e inviabilizará nuevas contrataciones e inversiones con los consiguientes efectos sobre el empleo formal, productivo y digno.

El anuncio del incremento salarial genera una inaceptable discriminación contra el sector privado obligándosele aumentar salarios, excluyendo de la disposición al sector público (ministerios, empresas públicas y otras entidades del Estado), señala el comunicado.

El sector industrial a nivel nacional y departamental experimenta una profunda contracción económica, la mayor de los últimos 70 años, producto del covid-19, la crisis mundial de suministros y logística internacional, el creciente contrabando y ahora los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania.

En ese contexto, la contracción económica tiene un impacto desigual en las regiones. Así en 2020 el PIB industrial de Chuquisaca decreció -21,8 %, Pando decreció -19 %, Potosí decreció -18 %, Oruro decreció -15 %, La Paz decreció -14,7 %, Tarija decreció -13,4 %, Cochabamba decreció -8,6 %, Beni decreció -4,3 % y Santa Cruz decreció -2 %.

Como se advierte, las industrias aún no salen de la crisis económica y sus posibilidades financieras de enfrentar el incremento salarial son escasas.

Los industriales expresan que el impacto del incremento salarial 2022 afectará críticamente a la generación de empleo formal de las futuras generaciones de jóvenes y mujeres que en un número de más de 150 mil ingresan al mercado laboral.

También incidirá en el incremento del déficit fiscal, que pone en riesgo la estabilidad y crecimiento económico, así como la sostenibilidad económica de las industrias.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la COB aseguraron que los porcentajes acordados son para velar por la estabilidad económica.

A pesar de ello, el sector industrial sostiene que cumplirá la disposición de incremento salarial al igual que cumple el conjunto de normas y leyes que rigen el ordenamiento jurídico en el país; sin embargo, señala que esta disposición promueve la desindustrialización del aparato productivo nacional y el aumento del trabajo informal y precario.