Sin embargo, sostiene que el 74% restante, 629 millones de hectáreas de áreas prioritarias siguen en pie y requieren protección inmediata.

La RAISG conceptualiza a la Amazonía como un ecosistema integral que cubre un área de investigación de 847 millones de hectáreas. “Sin saberlo, comemos, nos transportamos y nos vestimos con productos que destruyen a la Amazonía. No podemos darnos el lujo de perder una hectárea más. El futuro de la Amazonía es una responsabilidad de todos”, dijo Alicia Guzmán, representante de Stand.Earth, una de las coordinadoras que forma parte de la coalición “Amazonia por la Vida”.

Según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, dependiente de la Agencia Espacial Brasileña, en los últimos 30 días se registraron vía satélite 31.513 alertas de incendios en la Amazonia, convirtiendo al pasado agosto en el peor desde 2010, cuando las quemas ascendieron a 45.018 en todo el mes. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sugirió que el incremento de los incendios fue causado por eventos naturales o por las comunidades indígenas, según dio a conocer en una entrevista con Globo TV el pasado 22 de agosto.

“En Brasil somos testigos de un Gobierno con una política de Estado frontalmente antiindígena que intenta, de todas las maneras posibles, legalizar lo ilegal. La destrucción y codicia desenfrenada a nuestros territorios ancestrales, nuestra Amazonia, en el norte del país, es la cara visible de la histórica violación de derechos a los que nosotros estamos sujetos hace décadas”, dijo Nara Baré, ex coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña.

Según el mismo informe, desarrollado desde 2021 por la RAISG —con datos desde 1985 a 2020—, la industria ganadera es la mayor impulsora de la deforestación en la Amazonia. La deforestación causada por la ganadería en la selva amazónica representa casi el 2% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) anualmente. La mayor parte de la actividad ganadera en el mundo tiene lugar en Brasil.

La investigación también señala que el 66% de la Amazonia está sujeta a algún tipo de presión fija o permanente. Apunta a que donde hay fuerte presencia estatal se presentan amenazas y presiones o impulsores “legales” y en sitios donde la presencia gubernamental es débil, se presentan impulsores “ilegales”.

Los territorios indígenas y áreas protegidas no están al margen de esta realidad. “Los bloques petroleros, centrales hidroeléctricas y minas se planifican a lo largo y ancho de la Amazonia. Los marcos legales vigentes generan condiciones para que los Estados concesionen licencias en bosques intactos o territorios indígenas sin el consentimiento libre previo e informado de las poblaciones que habitan la región”, señala el documento.

Otro dato que no es menor, presente en el informe, es que entre 2015 y el primer semestre de 2019, 232 líderes comunitarios indígenas fueron asesinados en la región por disputas por la tierra y recursos naturales. En 2020, esta tendencia se mantuvo. Mientras que, en 2021, un tercio de todas las violaciones registradas en las Américas fueron contra defensores de los derechos ambientales, territoriales y de los pueblos indígenas. (El País).

Debido a la alarmante situación de violencia en la región, el pasado julio, el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución que condena las políticas de derechos humanos del presidente brasileño y denuncia la creciente violencia contra defensores, indígenas, minorías y periodistas en Brasil, incluido el asesinato de Dom Philips y Bruno Pereira.