La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) lamentó la sanción, en la Cámara de Senadores, de la «Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales Fundamentales» y advirtió que la norma va a generar una grave distorsión jurídica y reactivará «una falsa confrontación entre trabajadores y empresarios, al romper el equilibrio que se produce en un acuerdo laboral voluntario entre partes».

A través de un comunicado publicado el día de ayer, los empresarios afirman que el contenido de la norma «violenta derechos constitucionales de los empresarios, emprendedores y toda persona que realiza contrataciones laborales en el ámbito de la normativa vigente».

Asimismo, la entidad que representa al sector privado reclamó que los legisladores no hayan considerado ninguna de las observaciones que presentaron varias entidades empresariales a las Presidencias de Cámaras y a las Comisiones que trataron el tema.

«La decisión de no escuchar ningún argumento de la parte afectada injustamente por esta norma, muestra una actitud discriminatoria que no se puede aceptar en un Estado de Derecho», señala el comunicado.

En julio pasado, mientras se debatía el Proyecto de Ley N° 283 en la Cámara de Diputados, la CEPB remitió una carta a las máximas autoridades del Legislativo, exponiendo con argumentos jurídicos, las contradicciones y riesgos de la norma.

Asimismo, el pasado lunes 15 de agosto, el propio presidente de la organización Luis Barbery y varios representantes de entidades privadas, expusieron estos reclamos en la Mesa Técnica convocada por la Comisión de Política Social de la Cámara de Senadores. Sin embargo, ninguna de las observaciones y sugerencias fueron consideradas por el plenario.

Según el comunicado, la norma sancionada el 24 de agosto, vulnera el principio de igualdad de derechos establecido en nuestra Constitución, al anteponer los derechos de algunos trabajadores por sobre los de los empleadores, en temas tan sensibles como el sostenimiento del trabajo y la remuneración, otorgándoles a los mismos una jerarquía incluso superior a las garantías constitucionalmente establecidas.

La CEPB afirma también que antes que proteger la estabilidad laboral, el gobierno continúa en la tarea de precarizar la situación de las empresas obligándolas a reducir las posibilidades de contratación y sostenimiento de fuentes de trabajo digno.

Los empresarios privados esperan que el Presidente Luis Arce considere la devolución de la Ley sancionada, a la Asamblea Legislativa para su revisión y ajuste a los principios constitucionales, concluye el comunicado.

Por su parte, la Cámara Nacional de Industria también observa con preocupación la aprobación, por parte del Senado, el proyecto de Ley N° 283/2021-2022 C.D. de “Procedimiento especial para la restitución de Derechos Laborales” porque su contenido contradice y malinterpreta la Ley General del Trabajo y su reglamentación, va en contra del ordenamiento constitucional referido a la protección de los derechos laborales y, lo más lamentable, atenta contra la estabilidad del empleo que tanto ha costado construir en el país.

También la Cámara Nacional de Industrias (CNI) lamenta que los empleadores fueron excluidos del debate porque no se tomaron en cuenta las observaciones planteadas en varias ocasiones respecto del impacto de esta propuesta y la vulneración a la normativa vigente en la que se incurría.

«Consideramos que La Ley General del Trabajo y su reglamentación establecen el marco normativo necesario para garantizar la estabilidad laboral por lo que el proyecto que sancionó la Cámara de Senadores socava la relación entre empleadores y trabajadores, debilita la estabilidad laboral y deja en indefensión a una de las partes en el proceso de generación de empleo», señala el comunicado de la CNI.