El sector petrolero en el último ampliado de la Central Obrera Bolivia (COB) planteó la restitución de la Comisión Económica de la COB que vino tratando con el Gobierno la reglamentación de la Gestora Pública, interrumpida por la presencia de la pandemia del covid-19 en el país.

En esa oportunidad los petroleros consideraban que la reglamentación del funcionamiento de la misma debe concluirse lo más antes posible, toda vez que esta institución que administra los ahorros de los trabajadores ingresa en una nueva etapa que sustituirá hasta el próximo año a las AFPs.

En el inicio de operaciones de la Gestora Pública, el pasado 9 de septiembre, el Presidente del Estado, Luis Arce, dijo que los recursos de los nuevos aportantes estarán administrados por la entidad estatal, «con lo cual se profundiza la soberanía en la administración de la economía del país».

Por su parte, en ese entonces, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, decía que (…) la Gestora Pública asegurará a los nuevos trabajadores y trabajadoras y a las empresas que se registren para aportar a la seguridad social a largo plazo.

Tras protestas la protesta de los mineros de Huanuni con respecto a la Gestora Pública, el Gobierno ingresó en diálogo con el sector, y en la madrugada de ayer se dio a conocer que se frenaba la migración de datos hasta su socialización.

Pero los maestros también protestaron contra la Gestora, pues no genera confianza en la población, y menos ahora en manos del Estado.

En su momento, el economista Gabriel Espinoza señalaba riesgos de una Gestora en manos del Gobierno, por ejemplo para el sector financiero, en donde podría pasar por un manejo discrecional de los recursos.

Explicó que desde que se implementó el nuevo sistema de pensiones, la idea era proveer recursos al sistema financiero, y éste a la vez otorgar créditos a diferentes sectores de la economía nacional.

Las dos operadoras tenían la misión de producir recursos a través de inversiones, bajo un reglamento claro, en base a criterios de rentabilidad y eficiencia, que era percibido por los ahorristas del sistema de pensiones.

“Hoy en día, en manos del sector público, hay que (ver) si la Gestora va a respetar y seguir colocando recursos en el sistema financieros en base criterios técnicos o manejar recursos de manera más política”, reflexionó.

Espera que no se aplique criterios de conveniencia a o desfavoreciendo aquellas entidades que no hagan lo que el gobierno quiere. «Este es el riesgo para el sistema financiero con la Gestora», señaló.

En el caso de los ahorristas, recuerda que no es la primera vez que tenemos a una administradora de pensiones en manos del Gobierno, pero el gran problema y crea desconfianza en algunos sectores, es que la entidad pública se usada como caja de fondeo.

Hoy lo hace, dice Espinoza a tiempo de indicar que coloca bonos el Tesoro general del Estado en el sistema de valores y el sistema de pensiones lo compra en su totalidad.

También sostiene que por el momento el gobierno no ha fallado en sus recaudaciones mensuales; pero en la medida que absorba más liquidez del mercado, las obligaciones serán más altas, y podría no responde, y esta situación podría afectar al valor de las pensiones y caer la rentabilidad.

“Hay mucho riesgo sino hay una regulación clara en el manejo adecuado del sistema de pensiones», que podría poner en riesgo la liquidez, pero son inciertos los resultados que se puedan tener, opinó.

Oficial

Ante versiones en medios de comunicación sobre la creación de una nueva norma, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó a la opinión pública, que el acuerdo suscrito, la madrugada de (ayer), con el Sindicato Mixto de Trabajadores de Huanuni no establece que este sector o cualquier otro sea excluido del sistema integral de pensiones y la administración de la Gestora Pública

“El acuerdo determina suspender temporalmente la migración de la información de los aportes de los trabajadores de la empresa minera Huanuni de las AFP a la gestora hasta que se cumpla con la socialización de las funciones y operaciones de la Gestora a los mineros de Huanuni», señala el comunicado.

Por otra parte, el economista Joshua Bellott Sáenz sostuvo que el proceso de transferencia de los fondos de ahorro de todos los bolivianos, no sólo no concluyó, sino que estuvo plagado de incapacidad y corrupción en desmedro de los intereses de quienes somos parte de este Estado y del sistema de pensiones.

Por esas razones, el pueblo en la actualidad, no sólo duda de la sostenibilidad del sistema, sino también de su propia utilidad y de lo que nos espera con el Estado como administrador de nuestros ahorros, concluye, luego de realizar un análisis pormenorizado sobre proceso que terminó con el inicio de operaciones.