La Procuraduría mencionó que se amplió la investigación por más delitos, entre los cuales figuran “atentados contra la seguridad del Presidente y otros dignatarios de Estado”.

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que un total de 24 personas son investigadas por la sublevación militar del miércoles 26 de junio en Plaza Murillo, ahora denominada como el caso “Golpe de Estado III”; el informe sobre el estado procesal de esta causa refiere que se amplió la investigación en contra de estas personas por no menos de cinco delitos.
Mediante un comunicado titulado “Estado procesal caso Golpe de Estado III”, la PGE dio a conocer que el proceso controlado por el Juzgado Penal Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz “inició y amplió la investigación por los delitos de Alzamientos Armados Contra la Seguridad y Soberanía del Estado, Terrorismo, Atentados Contra la Seguridad del Presidente y Otros Dignatarios de Estado, Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y Riqueza Nacional, (y) Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos”.
El comunicado sostiene que dichas figuras delictivas están tipificadas en los artículos 121, 128, 133 y 223 del Código Penal y artículo 26 de la ley Nº 004, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.
La PGE ratificó que, transcurridos 11 días desde la apertura de la etapa preliminar de investigación, el Ministerio Público emitió un total de seis imputaciones formales e impuso medidas cautelares de carácter personal en contra de 24 personas.
Los 24 sujetos investigados son: Juan José Z., Alejandro I., Juan A., Juan P., Aníbal A., Julio B., Miguel I. Luis B., Walder M., Leonel S., Marco C. C., Roberto A., Raúl B., Marcelo G., Franz O., Juan Carlos D., Román C., Miguel Ángel B., Alan Q., Demetrio M., Marcel Z., Vladimir L., Vladimir C. y Jaime C. V.
El caso en cuestión refiere a los hechos ocurridos el miércoles 26 de junio cuando, alrededor de las tres de la tarde, una decena de tanquetas y centenares de militares encapuchados fueron avistados desplegándose en inmediaciones de plaza Murillo, para finalmente aprestarse fuera de Palacio Quemado.
En menos de tres horas, ocurrió una serie de hechos insólitos: el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, estalló la puerta del Palacio con su tanqueta y habló con el presidente del Estado, Luis Arce, para supuestamente tomar el poder; minutos después, Arce nombró un nuevo Alto Mando militar, el cual ordenó el repliegue inmediato del personal de las Fuerzas Armadas; los militares se retiraron de plaza Murillo y en su lugar apareció una multitud respaldando a Arce, quien salió al balcón a saludar; en la noche, Zúñiga revelaba que el acto fue ordenado por el Presidente para recuperar popularidad, mientras era aprehendido.

CÁRCEL PARA EL “IDEÓLOGO”
Entre estos sujetos imputados se encuentra el exasesor del Ministerio de Defensa, Aníbal Aguilar, quien ayer fue enviado a la cárcel de San Pedro con cinco meses de detención preventiva por decisión de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, revocándose así la detención domiciliaria que le había sido concedida por el Juzgado Penal Anticorrupción Quinto.
En criterio del abogado que patrocina al imputado, Miguel Ramírez, la jueza a cargo de la decisión anuló las medidas sustitutivas de Aguilar “sin fundamento lógico” y quebrantando la verdad material. Sostuvo que se expuso la salud de su cliente a un riesgo considerable, dado que padece de enfermedades que podrían agravarse con la privación de libertad.
Aguilar, de 71 años, fue acusado por el Ministerio de Gobierno de ser el “ideólogo” de la reciente sublevación militar. Advirtieron que esta revocación podría afectar también a los militares que fueron beneficiados con detención domiciliaria con custodia policial, medida que no se pudo cumplir por la falta de personal y una apelación en curso.